Ya es sabido que Luis Paciello, el próspero político conocido como el yerno del senador Fer­nando Lugo, está último en las encuestas como candidato a intendente de Lambaré, por lo que el discurso de la per­secución política es una respuesta poco inteligente de su parte, sin sustento, ante el vertiginoso crecimiento patrimonial que experimentó.

Paciello, que evidentemente es un magís­ter fuera de serie en las finanzas al com­prar inmuebles por miles de millones de guaraníes con sueldo mínimo, gana pro­tagonismo mediático como mago de las finanzas, pero principalmente porque no es un ciudadano común. Es nada menos que el yerno del ex presidente de la Repú­blica, ahora senador, Fernando Lugo.

Este es el vínculo que torna muchas sos­pechas sobre el enriquecimiento galo­pante de Paciello que, por cierto, alcanzó su cúspide al dejar la Presidencia el suegro Lugo.

Las declaraciones juradas que el propio Paciello firmó ante la Contraloría seña­lan que la docena de inmuebles entre los que se encuentran departamentos con cochera, casa de verano, etc., y que suman más de G. 1.500 millones fueron adquiridos en años que percibía el salario mínimo.

¿Qué fórmula habrá descubierto justa­mente en los años que su suegro iba por su último período de mandato? Es un secreto muy bien guardado por Paciello, que ni los órganos técnicos como de control no logran entender. Es que los números no cierran, decía hace poco el director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República (CGR).

La ciudadanía esperaba con ansias escu­char a través de los medios de comunica­ción las ecuaciones aplicadas por Pacie­llo para la magia que hizo en sus finanzas aquella vez que organizó una conferencia de prensa días después de que la Contralo­ría reportara inconsistencias en su decla­ración de bienes. Sin embargo, el político se desentendió, culpó a medio mundo, usó el gastadísimo recurso de la persecución política y mediática tratando absurda­mente de desviar el foco del tema.

Ayer, a horas de cerrarse la oficina, se acercó a la CGR. En teoría, presentó los documentos respaldatorios, según una transmisión en directo en su cuenta de Facebook en la que no desaprovechó el momento para seguir buscando culpables.

Recordemos que el escandaloso enri­quecimiento salió a la luz cuando el ente contralor por orden judicial publicó en su portal las declaraciones juradas de los funcionarios públicos de todas las repar­ticiones estatales, sin excepción. El de Paciello es uno de los que más sorprendió, porque es casi imposible que una persona que gana sueldo mínimo compre todo lo que se atribuye en su manifestación de bienes.

Aparece también la creación de varias sociedades, en algunas tiene como socias a la tía de su esposa y a su abuelita. En sus declaraciones juradas del 2016 y 2018 no figuran las empresas. Según informacio­nes confidenciales, entre las firmas cons­tituidas por Paciello hay alrededor de G. 6 mil millones en caja, dinero que no se sabe dónde mismo está guardado porque no pudo ingresar a los bancos por el origen desconocido del capital.

Los últimos cálculos de la Contraloría arrojan unos G. 1.400 millones sin justifi­car en las declaraciones de Paciello. Esto sin contar la dudosa deuda que atribuye a un particular por G. 2.500 millones, que no sabe documentar; por ello no ha pre­sentado los justificativos correspondien­tes.

Las investigaciones oficiales también ave­riguaron sobre el movimiento financiero y laboral de la esposa, Fátima Rojas, pero la Contraloría dijo que en los registros no hallaron historial de trabajo de la mujer.

La Subsecretaría de Estado de Tributa­ción también está terminando informes para remitir a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) los indicios de posible lavado de dinero.

Es decir, el candidato a intendente de Lambaré está acorralado por reportes de inconsistencias y tiene contados los días para aclarar sus movidas financieras para no quedar en manos del Ministerio Público. En este escenario se torna más imperante la necesidad de que Paciello y demás candidatos políticos transparenten ante la ciudadanía el origen de sus millo­narios bienes antes de seguir repitiendo el libreto de la persecución.