Los organismos de control deben llegar hasta el final en la investigación de las denuncias de mala administración de Miguel Prieto en la Municipalidad de Ciudad del Este, que ahora busca su reelección en alianza con el equipo del clan Zacarías, al que alguna vez denunció para asumir el cargo.
En el último año, precisamente en el período de la pandemia, han saltado innumerables denuncias de corrupción contra la administración Prieto sobre despilfarro y mala administración del dinero público, siguiendo prácticamente el mismo esquema del gobierno anterior. Los organismos de control que han tomado intervención no generaron mayores resultados y los informes en el caso de la Contraloría General de la República (CGR) fueron elaborados con muestras muy limitadas.
Por esta razón es válida la inmediata reacción del contralor Camilo Benítez en asignar los equipos de trabajo para que reverifiquen las auditorías de las compras covid en Ciudad del Este, en las que se omitieron varios elementos de estudio. Más responsable aún es la decisión del contralor en ampliar las fiscalizaciones para que no haya margen de sospechas en los resultados.
Es importante en este contexto darle las garantías a las instituciones de control para que trabajen libremente, sin intromisiones ni presiones políticas, como ya comenzaron a aparecer mediante suspicaces comunicados de “apoyo” apenas se tomó la decisión de revisar los trabajos de investigación en la municipalidad.
El que nada debe, nada teme y estamos en la era de la transparencia, entonces es juicioso profundizar las tareas de control.
Existen sobrados elementos que apuntan a un esquema de negociados detrás de licitaciones, con facturas de proveedores que nada guardan relación con el rubro de compras covid de alimentos. Los audios que han salido a la luz de rastreras repartijas de coima en licitaciones de obras que involucran a concejales y al propio Prieto son indicios de más manejos oscuros por investigar.
La punta del ovillo es el emblemático caso de la Tía Chela, la pequeña despensa a la que Prieto adjudicó la compra de alimentos por G. 2.949 millones. Esta licitación, blanqueada con invitaciones a negocios de papá e hijo, muestra el modus operandi calcado a lo ocurrido con el clan Ferreira en el Ministerio de Salud, cuya investigación arrojó varias irregularidades y los responsables hoy están afrontando sus actos ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En Ciudad del Este la investigación no avanzó en lo penal, pese al copiado esquema de irregularidades y siendo el caso de Tía Chela, uno de los varios denunciados. Recordemos la compra de 50 mil kilogramos de harina y demás insumos alimenticios a un constructor de pozo artesiano, quien dijo no tener idea del contrato con la municipalidad del Este. Este es el escenario real en esta zona del país, al parecer no se compraron víveres, se negociaron facturas para zafar de Tributación y otros entes de control.
La Fiscalía sigue detrás, un lento proceder que deja muchos cuestionamientos también. Pero pese al descontento por la falta de resultados, hay que darle la libertad al Ministerio Público para que trabaje rigurosamente, si investiga habrá conclusiones irrefutables, tarde o temprano.
La prensa y la ciudadanía deben seguir este proceso, realizar tareas de supervisión y seguir denunciando lo que está mal. Ya las instituciones de control darán sus veredictos, conforme a las documentaciones que recaben.
Este es un momento crucial para Ciudad del Este y los demás municipios del país. Los tiempos electorales generalmente sirven para revelar con más fuerza los pecados de los protagonistas políticos, es una regla de juego tradicional, no es un invento de la prensa y sirve a la opinión pública para informarse de la situación de los candidatos.
Los candidatos que arrastren denuncias de corrupción siempre son escrachados, tratar de censurar eso, es casi imposible. Lo que deben hacer es aclarar, someterse al control de los organismos pertinentes y desmentir si no corresponden los cuestionamientos, gesto que Prieto como varios otros postulantes no quieren entender y recurren al gastado discurso de la persecución política.
Es inminente la necesidad de que las instituciones de control trabajen con autonomía para dilucidar las sospechas, dejar de lado los discursos políticos con sugestivos mensajes de presión a los organismos de fiscalización para así realizar objetivos procedimientos y castigar a los responsables del mal uso del dinero público.