El ingreso ilegal de mercaderías desde otros países y que se comer­cializan posteriormente sin con­trol en el mercado informal genera perjuicios de incalculable valor económico y puede dificultar el ritmo de la recuperación del país. Aunque el contrabando y la eco­nomía negra no son una novedad, el hecho de que hayan adquirido un volumen pocas veces alcanzado pone en jaque a las empre­sas que trabajan en forma legal, generan empleos formales y que contribuyen con sus impuestos a las arcas del Estado.

La informalidad es un cáncer terrible que amenaza con carcomer todo el tejido econó­mico con consecuencias desagradables no solo para las empresas formales sino para la población en general, por sus efectos multi­plicadores perniciosos. No se trata solo del problema de un sector de la economía, como el de las empresas industriales e importa­doras, sino de la salud económica general, por sus consecuencias en los diversos sec­tores de la actividad pública y privada. La economía informal causa estragos, primero en los ingresos fiscales y, luego, en la activi­dad privada compitiendo sin pagar impues­tos ni salarios legales, con los sectores que cumplen con sus obligaciones impositivas y hacen sus aportes a favor de los trabajadores.

Debido a ello no es ninguna exageración cuando se dice que el contrabando y la infor­malidad frenan el desarrollo del país. Aten­tan contra el empleo legal de los trabaja­dores y ponen en peligro las recaudaciones tributarias con que se financian la salud, la educación, la seguridad y otros sectores desde la administración del Estado.

Diversos sectores empresariales han lla­mado la atención porque el contrabando está llegando a niveles pocas veces alcanzado y no se está encontrando una respuesta ade­cuada desde el Gobierno. A veces por la com­plicidad de grupos corruptos y por la falta de eficiencia de las autoridades y organismos competentes. En este campo entran todos los poderes del Estado, pues desde sus res­pectivos ámbitos no se han hecho los esfuer­zos necesarios para impedir, combatir y cas­tigar los delitos vinculados a la informalidad económica.

El presidente de la Unión Industrial Para­guaya (UIP) señaló recientemente que a causa del contrabando actualmente se está en uno de los momentos más críticos de los últimos 30 a 40 años. Que está repercu­tiendo en la generación de empleos formales y en las empresas industriales. Señaló que los problemas se están avivando en grupos de la producción con alto componente social, como el de frutihortícola, el de los azucare­ros, con 250 mil familias que dependen de la producción de caña dulce y la industrializa­ción del producto final. Algo parecido pasa con la producción de aceites, pollos, huevos y otros artículos que se están viendo muy cas­tigados por el ingreso ilegal proveniente de países vecinos.

Teniendo en cuenta el delicado momento es que diversos gremios se han pronunciado oficialmente para condenar el contrabando y propiciar las actividades legales. El 9 de setiembre se creó una agrupación de diver­sos gremios dedicados a las importaciones mediante la Alianza Intergremial entre el Centro de Importadores del Paraguay (CIP) y numerosas entidades del área del inter­cambio comercial con otros países. El obje­tivo declarado de la nueva corporación es cooperar y trabajar para concretar la forma­lización económica y mejorar la transparen­cia del comercio exterior.

En ocasión de la reciente controversia entre el director general de Aduanas y un sena­dor oficialista saltó el tema de la necesidad de limpiar esa dependencia, pues es una ins­titución clave en la lucha contra el contra­bando, ya que su saneamiento es fundamen­tal para obtener mejores resultados. Por eso se ha resaltado que solamente con institu­ciones fortalecidas se podrá avanzar en el desarrollo del país.

En este sentido es de suma relevancia la lucha de las instituciones estatales para for­malizar la economía en negro, no solo impi­diendo el ingreso ilegal de las mercaderías de contrabando. También persiguiendo en todas sus formas la ilegalidad y la corrup­ción, fenómenos tan conocidos pero hasta ahora no suficientemente combatidos.

Esta debe ser una campaña de nivel nacional en que se tiene que comprometer también la sociedad. Cada ciudadano debe dar las espaldas al consumo de productos de con­trabando y apoyar la formalidad. Porque es la mejor fórmula para crear más empleos y que haya recursos para las necesidades del país.