Los gastos superfluos, precisamente los de salarios, son el aspecto más sensible del Presupuesto General de la Nación cada año. Si bien la emergencia sanitaria por el coronavirus amortiguó las contrataciones a gran escala, es sabido que esto no impidió seguir cargando la nómina ya sea a través de la Secretaría de la Función Pública u otras vías como los convenios con organismos multilaterales.
Las herramientas administrativas son flexibles para ubicar personal en plantilla estatal, por eso debe primar el compromiso de las autoridades en el uso del dinero público.
Este año, según el presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, se prevé un poco más de 312 mil cargos públicos, que en la realidad es mayor ya que este registro no incluye estadísticas de algunas empresas públicas como Copaco, Essap, Ferrocarriles del Paraguay, etc. Tampoco cuenta la cantidad de personal contratado cuya población ronda los 50 mil entre todas las entidades.
De todo lo recaudado, el 75% va a salarios, es una porción conocida en la ejecución del presupuesto general. Y el alto porcentaje pasa desapercibido para muchas autoridades estatales que siguen extendiendo las planillas en sus instituciones de manera discrecional.
En pleno año de pandemia por el coronavirus (2020), hasta el primer cuatrimestre de este período ingresaron 20.678 personas a diferentes instituciones estatales, según los conteos del Ministerio de Hacienda reportados a nuestro medio mediante un pedido de informe.
La cifra se reduce a los ministerios, Poder Legislativo y Judicial; es decir, no contempla las nuevas incorporaciones en empresas públicas, etc. De la estadística también escapa la cantidad de personal contratado por vía tercerizada, mediante convenios con organismos internacionales que manejan jugosos presupuestos, muestra de ello son los US$ 10,5 millones que gastó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la contratación de asesores y en la que se descubrió alevosa discrecionalidad.
Pero la cantidad es apenas uno de los problemas vistos en el universo del funcionariado público. El crecimiento es sano, si es sostenible y, en este sentido, la meritocracia es un factor determinante que está contemplada en el proyecto de ley de la carrera del servicio civil.
El proyecto que lidera la Secretaría Técnica de Planificación aborda cuestiones elementales para la función pública que guardan relación con el principio de remuneración acorde a las responsabilidades y los méritos.
Esta normativa es una herramienta interesante para regular las políticas de contrataciones de los servidores estatales, aunque siempre requiere el compromiso de los tomadores de decisiones para la efectiva aplicación y el cuidado del presupuesto estatal.
La inexistencia de una carrera administrativa con una inequidad salarial con grandes pagos a gente sin capacidad y viceversa, la casi nula presencia del concurso público de oposición para el ingreso de personal, la corrupción como los sobornos y tráfico de influencias son algunos argumentos de este proyecto que está en manos del Congreso de la Nación.
En el contexto mencionado el fortalecimiento de la función pública planteado en el citado proyecto de ley estipula reglas básicas omitidas por años en la dinámica de las contrataciones de personal estatal. La organización del trabajo, con un plan de incorporaciones que también contemple un plan de desvinculaciones bajo un riguroso control de gastos son una suerte de tips sugeridos.
La capacidad fiscal es eje principal en la proyección de las políticas de remuneraciones planteadas en el proyecto de ley. Salarios justos acorde a las responsabilidades y obligaciones.
Las directrices que sigue el proyecto mencionado son disciplinas lógicas para el manejo eficiente de los bienes de cualquier empresa o institución.
Sin embargo, reducir la iniciativa solo a los papeles es una meta limitada. Requerimos de tomadores de decisiones comprometidos y celosos del presupuesto público, que vayan eliminando el clientelismo a la hora de sumar recursos humanos a costa de los contribuyentes.