Las profundas contradicciones, polémicas refutaciones y mutuas objeciones entre quienes estudian al populismo desde la academia y la observación práctica, intentando ubicarlo en un contexto histórico, social y geográfico, y establecer su base constitutiva, impiden su caracterización dentro de una catego­ría específica. Las formas que adoptó en los últimos años y, sobre todo, su método para establecerse y permanecer en el poder, han llevado a generalizar con ese nombre a todos aquellos regímenes que instrumentan a los sectores más vulnerables en una disimulada lucha de clases, buscando enfrentar a indus­triales con trabajadores, a sectores produc­tivos con campesinos, a las organizaciones empresariales con los gremios sociales. Con un autoritarismo latente que anula toda disi­dencia, empezando con la persecución a los medios de comunicación con posición crítica y a los políticos que se oponen a la continui­dad interminable de los mandatos, mediante la modificación a voluntad de la Constitución Nacional, se presentan como la expresión genuina de un pueblo al que hacen pasar las más indescriptibles necesidades.

Desde su formación original en América Latina, a mediados del siglo XX, el concepto ideológico de populismo fue degradándose hacia una interpretación peyorativa que con­juga demagogia con autoritarismo. Bajo el espejismo del empoderamiento del pueblo se realizan pequeñas concesiones a las masas, concesiones que, incluso, pueden sobrepasar el orden jurídico, pues, en este régimen de gobierno la política tiene preeminencia sobre el derecho. Un liderazgo de élites, que dis­fruta de los privilegios que desprecia en los discursos, mantiene a raya a las muchedum­bres mediante subsidios proveídos desde el Estado. Pero, tanto sobre sus antecedentes originarios como sus bases doctrinarias, ya lo dijimos, no siempre existe coincidencia entre los sociólogos, historiadores y profesio­nales de las ciencias políticas.

Donde no existe discrepancia es que su momento fundacional en nuestra región está ligado al “varguismo”, en Brasil, y al “pero­nismo” en la Argentina. En la década de los cincuenta Getulio Vargas y Juan Domingo Perón coinciden en el poder que también representa el período de la transición de una economía agrícola a una economía indus­trial, por lo que algunos autores lo clasifi­can “como las ideologías de las pequeñas gentes del campo amenazadas por la alianza entre el capital industrial y el capital finan­ciero”, en tanto que otros lo identifican con la “supremacía de la voluntad del pueblo y la relación directa entre pueblo y liderazgo”. Todas estas definiciones son de autores cita­dos en el Diccionario de Política (Bobbio, Matteucci y Pasquino, 2008). En esa misma obra puede leerse que el populismo ve al socialismo como una “ideología competi­tiva y divergente y no como una ideología complementaria y subordinada”. Son, pro­bablemente, Ernesto Laclau y su “La razón populista” el autor y el texto más recomen­dados para intentar desentrañar este movi­miento (que algunos definen sin doctrina ni teoría), pero que para él tiene características de “interpelaciones popular-democráticas y de antagonismo respecto a la ideología domi­nante”.

Los partidos políticos que nacieron bajo el influjo del populismo fueron, en Argentina, el Justicialismo o peronismo, y en el Brasil, de la mano de Getulio Vargas, el Social Demo­crático y el Trabalhista Brasileiro. Estas organizaciones políticas, en su momento, encontraron su fuerza mediante la “canali­zación de las aspiraciones de las masas a tra­vés de un líder carismático”. El ya mencio­nado Laclau había definido a estas corrientes como “populismos nacional-burgueses”. Expresión que habrá de rabiar a más de uno.

Los gobiernos que son encasillados dentro del populismo en América Latina nacieron por el desencanto hacia los partidos tradi­cionales que no pudieron, principalmente a causa de la corrupción, satisfacer las deman­das sociales y económicas de la población, pero lejos de presentarse como una alterna­tiva democrática sus pedestales políticos se convirtieron en “partidos únicos”. Obvia­mente, se atenta contra los más elementa­les principios del Estado de derecho, supri­miendo la competencia electoral. En nuestro país son inocultables las pretensiones de algunas organizaciones políticas en promo­ver ese mismo desplazamiento alentando, por ejemplo, las invasiones a la propiedad privada, rompiendo cualquier ordenamiento jurídico, porque el derecho a la tierra está contemplado en nuestra Carta Fundamen­tal, pero sin atropellar derechos de terceros.

Quienes más alientan estos despropósi­tos con tintes autoritarios son los partidos sin tradición, unicelulares, que se agotan en líneas directas de parentescos. El populismo, como hoy lo conocemos, tiene claras inten­ciones de arraigarse en nuestro medio. Con­tra este sistema tenemos que abrir los ojos y la mente para no replicar el sufrimiento de millones de personas que despiertan a una trágica realidad después de un espejismo de falsos paraísos.

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