El presupuesto gubernamen­tal para el 2022 y la amenaza de los aumentos salariales aventados por las elecciones nacionales del 2023 son asuntos que deben ser manejados con la máxima pru­dencia. La clase política, cuya principal arma suele ser el clientelismo partida­rio, usando los recursos públicos, tendrá una enorme responsabilidad para que el país salga rápido del déficit actual o con­tinúe maniatado por el exceso de gastos corrientes.

El tema ha surgido como la preocupa­ción del momento apenas el Ejecutivo presentó el proyecto de ley del Presu­puesto General de la Nación para el 2022 al Congreso, el miércoles de la semana pasada. Es que el país vive la más delicada situación de las últimas décadas, debido al terrible ataque de la pandemia sanita­ria que hizo mella también en lo social y económico, con sus consecuencias en lo político. Para salir de ella no bastará solo con dominar el problema sanitario, que ha aminorado bastante. Será necesario, ade­más, encarar con inteligencia la compleja trama de la situación económica que ha golpeado a miles de personas que queda­ron sin trabajo y casi sin sustento, además de las empresas micro, pequeñas y media­nas que no pudieron aguantar la recesión y están en la lona. Por lo que el Estado ten­drá que ser más eficiente, erogando menos en gastos corrientes e invirtiendo más para que crezca fuertemente la cantidad de empleos, se invierta en nuevas obras y se multiplique la actividad económica en los más diversos sectores.

El temor que han expresado economistas y exponentes del empresariado sobre la amenaza de ciertos políticos a las finanzas públicas no es una exageración. Se basa en la experiencia que demuestra que muchas veces desde el Congreso se ha alentado la descomposición de las finanzas públicas con medidas dispendiosas en el uso de los recursos públicos.

Afirman que la ley de presupuesto para el 2022 sufre la amenaza de ser desvirtuada en sus gastos por el año electoral que se avecina ya que las elecciones generales se realizarán en abril del 2023. Y todo el 2022 será un ejercicio plenamente electo­ralista, con todo lo que ello implica en el manejo de los fondos del Estado para fines partidarios.

Existe la probabilidad de que desde el Con­greso la clase política comience a realizar aumentos salariales a su clientela parti­daria con miras a las presidenciales, que el proyecto de presupuesto fiscal se convierta en un instrumento político y se olviden las prioridades económicas y financieras del Estado. Se teme que debido a ello se deje de lado la reducción del déficit fiscal, se con­cedan aumentos salariales y no se dismi­nuyan los gastos corrientes de los que los sueldos del sector público son el principal componente.

Una de las medidas imprescindibles es achicar los gastos estatales de manera rápida, para que el saldo negativo de las finanzas públicas no siga siendo elevado. Para el año entrante se prevé un déficit del Estado de un 3%, que es menor al 4% de este año, pero el doble del 1,5% que prevé la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

Para gastar menos, el aparato del Estado debe empequeñecer sus cargas más fuer­tes, que son los sueldos públicos, y despren­derse de cualquier otro peso innecesario. Se tienen que descartar los aumentos sala­riales que están queriendo algunos secto­res estatales. Otro paso que debe dar es no incorporar más funcionarios, sino alen­tar la salida de los empleados que quieran hacerlo, con planes de jubilación adelan­tada y otros incentivos.

Pero no solo debe erogar menos. El Gobierno tiene que incrementar sustan­cialmente sus ingresos genuinos, dismi­nuyendo la evasión, persiguiendo el con­trabando y la economía negra con mayor fuerza. Con solo formalizar las actividades ilegales tendrá un crecimiento importante en sus ingresos para no tener que recurrir a nuevos préstamos con que financiar parte de sus gastos, como ocurre actualmente.

Ningún ahorro se podrá conseguir si no se parte de una ley de presupuesto razonable. Por eso el papel de los parlamentarios es de vital importancia a la hora de analizar el pro­yecto de presupuesto para el año entrante. Sería bueno que en un acto de apropiado patriotismo actúen defendiendo los intere­ses genuinos de la nación, que es para lo que han sido elegidos como legisladores.