La Policía y el Gobierno deben encontrar la manera de combatir los violentos asaltos que a diario asustan en la calle a lo largo y ancho de nuestra República para que el terror no gane a la ciudadanía.
Es sabido que casi toda la población se siente insegura en nuestro país por la delincuencia en serie que toma comercios, a transeúntes, etc.
Expertos en criminología habían mencionado hace meses que el 50% de la población ha sido víctima de la delincuencia y el grave problema es que los principales afectados son los trabajadores.
En las últimas semanas, la violencia con la que operó la delincuencia en diferentes puntos del país, principalmente en el departamento Central, con el desenlace fatal para un policía, ha sido noticia, lo que alarma fuertemente la tranquilidad de la ciudadanía.
Además de las extrañas circunstancias en las que se dio la presencia del suboficial en el acompañamiento de un retiro de dinero de una entidad bancaria, el crimen por parte de motochorros alerta sobre la violencia y la necesidad de frenar un posible estado de terror.
Casi todas las noticias de la semana pasada hablan de robos con arma de fuego de por medio.
La toma de un colectivo por al menos cinco delincuentes armados en la zona del Mercado de Abasto, que a punta de pistola redujeron al chofer del bus y a los pasajeros, despojándolos de sus pertenencias. La seguidilla de asaltos que realizó luego este grupo, que después se dividió para atracar ómnibus en paralelo, fueron parte de los trágicos episodios en la calle la semana pasada.
La desesperación incluso hace que los motoasaltantes busquen robar hasta a los que no tienen. Muestra de esto es el asalto del viernes pasado a un local de celulares en la ciudad de Ñemby en el que apretaban al dueño pese a que este les mostró la caja vacía de su mostrador, pues no había vendido ese día.
Los reportes delictivos denuncian violencia en todo el país. Por citar los más sonados y emblemáticos de los últimos meses, podemos recordar el caso del ciudadano que había superado al covid-19, pero que al recuperarse terminó asesinado en un asaltado que sufrió cuando retiraba dinero de un préstamo, precisamente para pagar deudas pendientes de su internación.
El asalto y asesinato a un comerciante de la ciudad de Limpio en agosto último, en ese mismo mes las estadísticas también registran un robo con derivación fatal en Villa Morra.
Los informes policiales consignan también robo de cargamentos de soja, ropas y computadoras de particulares que realizan teletrabajo.
La violencia extrema en los asaltos incluye hasta abuso sexual, como el caso de una mujer que en la ciudad de Limpio fue despojada de sus pertenencias y luego fue llevada por el delincuente a una casa en construcción para abusar de ella.
Todo esto es real y la gente sufre en la calle como en sus comercios y residencias. Si bien desde el Gobierno en algún momento acudieron a un discurso de que solo hay una sensación de inseguridad, ante la cruel realidad tuvo que desdecirse y prometer más presencia policial en la vía pública.
Hasta ahora las estrategias que pudiera haber adoptado la Policía parecen inexistentes, porque la delincuencia gana protagonismo a diario.
En junio pasado incluso tomó estado público que en la Policía carecían de recursos para reparar las motos para que el grupo Lince de motos tenga mayor presencia en las calles. El compromiso era que, en tres meses esta situación se iba a solucionar, precisamente en este setiembre que inicia con pico de robos y asaltos se cumple el plazo de dicha promesa.
La Policía Nacional y el Gobierno en su conjunto deben priorizar estrategias para el combate a este flagelo que padece la ciudadanía entera. No puede ser que los delincuentes tengan más capacidad de movilizarse en motocicletas que nuestro grupo táctico de seguridad Lince, es una falencia sin justificación.
La Fiscalía como todo el Poder Judicial están obligados a sumarse a este operativo para que pesen los castigos sobre los malhechores y que las aprehensiones de delincuentes no se reduzcan a estadías de fin de semana en comisarías.
Apuntar a una estrategia de seguridad con fuerte inteligencia policial para resguardar la integridad de la ciudadanía puede ser una meta compleja y difícil, pero no imposible. Sin pérdida de tiempo hay que buscar los recursos para proyectar un combate riguroso a la delincuencia.