El Congreso Nacional se encuentra analizando un proyecto de ley que debido a las circunstancias que se viven en las zonas rurales del país, es una necesidad que requiere urgente remedio, castigar severamente la invasión de la propiedad privada. Para ello la norma que se encuentra a consideración de los legisladores pretende convertir en delito grave, y por lo tanto pasible de pena carcelaria dura, la invasión con fines de apropiación de los terrenos que son propiedad privada o pública.
Las sanciones que establecen las leyes para los que se apropian de bienes de propiedad ajena están ya contempladas en los códigos vigentes, y son las que se aplican habitualmente a los reos acusados de robo. En ese sentido, quedarse con una pertenencia de otra persona está suficientemente claro en las normas y, en consecuencia, tiene las condenas que corresponden de acuerdo a su gravedad, la importancia del objeto sustraído y las circunstancias en que se produjo. Por eso un sujeto que se apropia de un automóvil ajeno o roba una gran suma de dinero tiene una pena carcelaria determinada que es proporcional al perjuicio ocasionado. Debido a ello no es igual la pena para el descuidista ratero que para el que asalta un banco.
Los entendidos sostienen que los castigos que se prevén para las personas que por la fuerza invaden un terreno de propiedad de un tercero y pretenden quedarse con él son relativamente leves, y que se necesita una pena mayor. Requieren establecer las circunstancias agravantes y otros elementos, que por su peso punitorio ayuden a desanimar a cualquier persona u organización que quiera apropiarse de tierras ajenas.
Con la nueva disposición legal en estudio, aparte de hacer más severo el castigo por el delito de apropiación indebida, se pretende dar una lección bien clara para todos. Y es que no puede ser negocio para nadie invadir las propiedades ajenas y, mediante apoyos de agrupaciones partidarias y presiones de fuerzas políticas, quedarse finalmente con el objeto mediante arreglos forzados y violentos con el propietario.
Ocurre que siempre funcionó la táctica de entrar con violencia en terrenos privados. Y luego mediante la política se premiaba a los invasores con el traspaso de los predios ocupados en los asaltos legitimando ese delito. Existen numerosos casos que han sucedido en que finalmente se han condecorado a los asaltantes que se quedaron con la propiedad ajena. Es como el ladrón que roba un objeto cualquiera y después es galardonado por cometer ese delito, porque no solo se queda con el artículo que no es suyo, sino que tampoco es castigado con la cárcel, multa o alguna pena. Es galardonar al delincuente por haber cometido el despojo e invitar a otros que hagan lo mismo.
Por eso existe entre los legisladores el convencimiento de que es muy necesario hacer una ley que contemple esa realidad en toda su dimensión y se le busque una salida adecuada.
Está claro en la teoría que la propiedad privada es sagrada e inviolable. Pero se necesitan algunas medidas de orden práctico para sancionar debidamente a los que no la respetan y la violentan. Porque la experiencia demuestra que el castigo finalmente tiene una función pedagógica indiscutible, pues ayuda a que no se vuelva a cometer la falta o delito, y puede corregir al que delinque.
Con mucha frecuencia ocurre que las invasiones masivas a predios de propiedad privada no solo se impiden, sino que tampoco se toman las medidas para desalojarlos y castigar a los asaltantes. Esto se debe en gran medida a la indolencia de las autoridades que deben intervenir en esos casos, como la Policía y el Ministerio Público. Esa complicidad encubierta debe ser contemplada también en las leyes como parte del delito y se debe prever un castigo, para que ciertas autoridades no sigan asumiendo ese comportamiento encubridor.
La Constitución Nacional es tajante en la materia, pues declara que la propiedad privada es inviolable. Y esta es la razón principal, desde el punto de vista jurídico, por la que la invasión a terrenos ajenos debe ser sancionada de manera contundente. Por ello el Congreso Nacional debe prever penas más duras en el castigo a los violadores de la propiedad privada.