En las últimas semanas se han producido en varios puntos del país algunos casos de invasiones de predios de propiedad privada. Personas que dicen no poseer inmuebles entraron por la fuerza a tomar posesión de tierras ajenas, contra todo derecho. Según las denuncias, estas invasiones estuvie­ron acompañadas con el apoyo de cier­tos sectores políticos y en algunos casos incluso contaron con la protección de efectivos de las fuerzas públicas. Actua­ron con la excusa de que los invasores no poseen tierras y que tienen derecho a ellas, no importa si se apoderan de bienes aje­nos. Como cualquier ladrón que, bajo el pretexto de su pobreza material, se adueña por la fuerza de los objetos que pertenecen a otras personas, como si le asistiera algún derecho.

Uno de los casos más sonados es el que aconteció el sábado 21 de agosto, en la ganadera Pindó, ubicada en Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, donde un centenar de campesinos armados asaltó el establecimiento, aprisionó a 13 traba­jadores de la empresa, los despojó de sus armas, sus celulares, documentos y vehí­culos. Luego los expulsó del lugar. “Fui­mos rodeados y atacados por delincuentes. Torturaron al personal, robaron nuestros elementos de trabajo, nuestros vehículos y prendieron fuego a la propiedad”, relató uno de los atacados.

Pero el suceso más llamativo es el aconte­cido en la localidad de Guarambaré donde unas 50 personas asaltaron la propiedad de una azucarera del lugar, y que, a pesar de la denuncia hecha ante las autoridades, no fueron desalojados de la finca invadida. Es como si unos bandidos asaltaran una vivienda y que, a pesar de la acusación ante la autoridad competente, se les permitiera seguir permaneciendo en la casa ajena, como si no importara el derecho del pro­pietario.

No es nada de otro mundo que haya inva­siones y asaltos a la propiedad privada por­que forma parte del comportamiento de los delincuentes que habitan una socie­dad. Pero lo deplorable en este caso es el comportamiento de las autoridades que por su función tienen que desalojar a los asaltantes, liberar las propiedades invadi­das, despojar a los ladrones de los objetos robados y meter presos a los malhechores para ser sometidos a la Justicia.

Aquí no han actuado los que tienen que defender a las personas de bien y proteger la propiedad privada. Están procediendo como cómplices y encubridores de los atra­cadores. No solo no hacen lo que corres­ponde por ley, sino que, con su pasividad, son colaboradores de los delincuentes. Cosa que no se puede admitir ni tolerar si se quiere vivir en una sociedad civilizada en que se respeten los derechos de las personas.

Las disposiciones legales que rigen la vida de nuestro país son muy claras en la mate­ria. La Constitución Nacional, en su artí­culo 109, garantiza la propiedad privada. Señala que su contenido y límites serán establecidos por ley, atendiendo a su fun­ción económica y social, a fin de hacerla accesible a todos. Y en el segundo párrafo de dicho artículo establece de manera con­tundente: “La propiedad privada es invio­lable”. Prohibición categórica, terminante, taxativa e indiscutible, que quiere decir que no puede ser invadida ni robada.

Por eso no se puede comprender la pusilá­nime actitud de los organismos y autori­dades que están obligados a defender la propiedad privada y a apresar a los malhe­chores que causan estragos entre las per­sonas y sus bienes legítimos.

No hay discusión posible en la materia: o se está en oposición a los delincuentes y se procede contra ellos como manda la ley, despojándoles de los bienes ajenos, o se les deja disfrutar de los objetos hurtados en plena libertad, actuando como abiertos encubridores del delito.

La sociedad paraguaya no puede permitir que las autoridades que deben defenderla de los delincuentes actúen de manera cóm­plice, por el motivo que fuese.

Tanto la Policía como el Ministerio Público pueden dar explicaciones varias, argüir argumentos jurídicos, reseñar pro­cedimientos legales a cumplir y hasta pre­textos de cualquier índole. Pero la única realidad es que están permitiendo que invasores y bandidos se estén enseño­reando de los bienes ajenos, suprimiendo de hecho una de las garantías más trascen­dentes consagradas por la Carta Magna, la de la propiedad privada, que es y debe ser inviolable.