Además de vulnerar el man­dato de la Constitución Nacional de velar por la seguridad de las personas y preservar el orden público, la pasividad de la Policía Nacional ya es altamente nociva para la economía del país, prin­cipalmente para la clase trabajadora.

El método negacionista del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y sus voceros, que en varios medios salie­ron a decir que no hay cierre de rutas, es una grosera burla para la ciudadanía perjudicada en sus actividades. Esta situación ya es intolerable, el Gobierno debe exigir a las fuerzas del orden que cumplan con su rol y dejar de blindar a los protagonistas del desastre.

¿Cuánto más harán perder al sec­tor productivo? Los supermercados y comercios en general están con la incertidumbre del desabastecimiento, lo que en economía arriesga la inflación que luego debe asumir el consumidor final.

Por años no resolvieron el problema de la informalidad en el rubro del trans­porte por camión que es altísima según la Subsecretaría de Tributación. Tam­poco hubo visión de mejorar la compe­titividad del servicio con vehículos más modernos rigurosamente habilita­dos por los órganos de control, y estas falencias están siendo muy bien utili­zadas ahora por políticos de la oposi­ción que, valiéndose del amorío con un gobierno flojo, instigan al desastre sin medir las consecuencias para la ciuda­danía.

Hubo cierre de rutas en diferentes puntos del país. Hubo hasta retención irregular de personas no adheridas a la manifestación, pero desde la Policía señalan que no tienen reportes.

Incluso, después de que el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, continuaba negando a los medios de comunica­ción la existencia de cierre de rutas en el país y pedía que se le comunique a su teléfono personal cualquier infor­mación contraria, en las redes esta­llaba que en Concepción no llegaban las vacunas tal como estaba previsto. Se generaron atrasos y desde el mismo Ministerio de Salud se confirmó que el paro de los camioneros afectó la distri­bución de vacunas.

La Policía Nacional tiene una misión y debe cumplirla.

El ministro Giuzzio, como ex agente del Ministerio Público, no puede des­conocer las garantías constituciona­les de las personas, en este caso de la seguridad y la paz. Como cabeza de la Policía Nacional es su deber mantener el orden.

Si no tiene la suficiente capacidad y autonomía de hacer cumplir la ley, el ministro Giuzzio nada tiene para hacer al frente de una institución tan sensi­ble como es el Ministerio del Interior del que depende la Policía Nacional.

Varios gremios y autoridades ya están pidiendo que deje el cargo, precisa­mente por su nula intervención en el caos generado por los camioneros. Su inacción hasta se presta a especula­ciones como elemento articulador de los intereses del partido del cual forma parte antes que de los intereses de la ciudadanía.

Recordemos que referentes de su par­tido son amigos del Gobierno en este momento y también están en una alianza con cabecillas de otros políti­cos de la oposición muy comprome­tidos en el fomento de este desborde generado con los camioneros.

Entonces, el ministro Giuzzio, y quien sea que ocupe ese puesto, debe hacer honor al cargo. Si no tiene la capacidad o si va a anteponer los intereses políti­cos de su partido y sus aliados, prote­giendo a los apadrinados que infringen la ley, debe irse.

Los contribuyentes no podemos seguir pagando el sueldo a los ineptos de la función pública ni asumir los costos de las alianzas partidarias coyunturales, sean del color que fueran.