Uno de los principales proble­mas que enfrenta cada año el Gobierno Nacional es que para financiar los gastos de la estructura estatal se tiene que endeudar. Debido a las escasas recaudaciones frente a sus crecientes necesidades financieras, en cada ejercicio está aumentando su deuda haciendo préstamos o a través de la colo­cación de bonos. Que son dos maneras de concretar un mismo ejercicio, aumentar su endeudamiento, plata que tiene que devolver con sus correspondientes cargas financieras.

Recientemente la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) hizo un cálculo de que la evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) oscila entre el 30% y el 37% de lo que se recauda por ese tributo anual­mente. De acuerdo con el cómputo oficial, que se considera muy conservador por el sector privado, el Estado paraguayo deja de percibir un máximo de 2,5 billones de guara­níes, que representa 375 millones de dólares solamente por la evasión de ese impuesto, que es el principal del esquema tributario nacional.

Cálculos privados que se manejan habitual­mente hablan de que la evasión anual es superior al 40% de lo que se recauda habi­tualmente en el sistema impositivo.

Por consiguiente, según la apreciación de círculos empresariales, el Estado estaría dejando de percibir por año alrededor del equivalente a 400 millones de dólares sola­mente en IVA. Si ese porcentaje de evasión del 37% se proyecta a los demás tributos administrados por la SET, más los impues­tos aduaneros, la evasión de esas obligacio­nes tributarias estaría superando los 8,7 billones de guaraníes anuales.

La suma mencionada equivale al presu­puesto anual de los ministerios de Educa­ción y de Defensa juntos, o a lo que gastan en un año los ministerios de Salud Pública, Agricultura y Ganadería y de Justicia. Pero concentrándonos en la evasión anual máxima del IVA de 2,5 billones de guaraníes, con esa suma se podría financiar las eroga­ciones anuales de los 17 departamentos del país, más los gastos de los 35 entes autóno­mos y autárquicos que dependen del presu­puesto público.

La evasión fiscal es la eliminación del pago de las obligaciones tributarias de quienes por ley están obligados a abonarlo. Que se logra utilizando conductas fraudulentas u omisiones violatorias de las disposicio­nes dispuestas en las normas impositivas. En nuestro país se conocen varias formas de eludir el pago del IVA: no declarando el monto real de la facturación o simplemente no haciendo factura, que es la falta tributaria más común. El segundo modo es inventar o inflar los créditos fiscales para no tributar. O crear una exportación que no se hizo para pedir la devolución del IVA al fisco.

Uno de los capítulos importantes de este delito se da en la evasión de los ingresos tri­butarios y arancelarios a través del comercio exterior, que durante años fue el atractivo de la actividad que se daba en ciertas zonas fronterizas de países vecinos, especialmente del Brasil.

Los altos montos a los que ascienden los impuestos no pagados por los evasores representan un perjuicio de dimensiones incalculables para el país. Esto constituye un delito desde el punto de vista jurídico. Pero al mismo tiempo son también una abe­rración moral, por los efectos negativos que producen en el comportamiento honesto de la sociedad, pues sin esos fondos no se podrá financiar la solución de los principales pro­blemas y las necesidades sociales más acu­ciantes del país.

Aparte de no cumplir la ley, el no abonar impuestos como corresponde representa también un déficit en la conducta moral y en los principios y la cultura de la convivencia. Porque se privilegia la avaricia, la corrupción y el individualismo pernicioso por encima del interés general.

Por todo ello las autoridades nacionales deben encarar una fuerte lucha contra la informalidad y hacer que el Estado recaude el dinero que corresponde para financiar su gestión. Pero al mismo tiempo debe empren­der una cruzada moral para hacer transpa­rente y eficaz su trabajo y de ese modo elevar su legitimidad ética ante un país descreído por los múltiples casos de corrupción no cas­tigados.

Porque, aparte de la eficiencia financiera que le permita recaudar suficiente para pagar sus gastos, es necesario que dé una lección de decoro y honestidad.