En la última semana han saltado un montón de contrataciones de personal realizadas en diferentes instituciones públicas, sin importar la tremenda crisis que sufre el país en todos los aspectos, principalmente por los efectos de la pandemia del coronavirus.
Nuestros funcionarios responsables de las diversas administraciones del Estado todavía se muestran insensibles al uso del dinero de los contribuyentes, cuando debieran ser más cuidadosos, ya que viven de ello.
De nuevo aparecieron casos de amiguismos, familiares y contrataciones de adherentes de altos funcionarios de turno entre los privilegiados con cargos. Asistentes y asesores pululan las planillas de personal acomodado, una repartija, al parecer, de nunca acabar.
Los administradores del Estado debieran sentar cabeza y evitar las contrataciones innecesarias.
El caso de los US$ 10,5 millones destinados por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la contratación de 244 expertos para mejorar las capacidades de gestión de esta cartera, de forma tercerizada se encuentra entre los más alevosos.
Sin embargo, el derroche no es exclusividad del MOPC. A diario las noticias nos cuentan sobre acomodados en casi todas las reparticiones estatales.
Tristemente se vulnera una herramienta clave en la mejora de la calidad del servicio de personal en la función pública como es el concurso de méritos.
Las planillas de personal se siguen cargando con adherentes, amigos, familiares de quienes tienen la lapicera o de los que se manejan como satélites del poder.
Recordemos que en mayo de este año una investigación de nuestro medio había revelado que, en plena pandemia, hasta abril del 2021 ingresaron 20.678 funcionarios nuevos en el Estado. La cifra incluye personal permanente y contratado.
Si bien la mitad corresponde al crecimiento del personal vegetativo, es decir, salud, educación y fuerzas de seguridad, no es nada mesurada la cantidad de 10.000 asalariados nuevos solamente en la administración centralizada que se suman a los aproximadamente 250.000 funcionarios que tiene el Estado.
Las estadísticas mencionadas no incluyen las numerosas contrataciones que se dan en otras entidades del Estado, como el caso de las binacionales, en las que Yacyretá lleva amplia ventaja en la repartija de cargos.
En plena pandemia, mientras morían miles de paraguayos a causa del covid–19, en Yacyretá incorporaron 75 funcionarios con salariazos, en su mayoría candidatos de la lista del director Nicanor Duarte Frutos que rebotaron en las últimas elecciones generales.
Ejemplos hay un montón, el desafío es acabar con esta discrecionalidad en el manejo del dinero de los contribuyentes.
Mejorar la calidad de nuestros gastos implica indiscutiblemente mejorar la calidad de recursos humanos.
Es necesario aplicar el método de selección vía concurso de oposición para al menos amortiguar el acomodo por afinidad y las exageraciones en este gasto superfluo.
La propia ministra de la Secretaría Técnica de Planificación dijo en entrevista que aproximadamente la mitad del universo del funcionariado público es bachiller; es decir, sin título universitario.
Las situaciones acuciantes de nuestra gente en la pandemia a causa de la miseria de nuestro sistema sanitario es una razón de oro para interceptar estas contrataciones con mayor rigor por parte de los organismos de control. Para esto urge un compromiso entre el sector político y las instituciones técnicas, de modo que prime el interés colectivo antes que cualquier presión partidaria a la hora de optar por la incorporación de los servidores públicos.