En la última semana han saltado un montón de contrataciones de personal realizadas en dife­rentes instituciones públicas, sin importar la tremenda crisis que sufre el país en todos los aspectos, principal­mente por los efectos de la pandemia del coronavirus.

Nuestros funcionarios responsables de las diversas administraciones del Estado todavía se muestran insensibles al uso del dinero de los contribuyentes, cuando debieran ser más cuidadosos, ya que viven de ello.

De nuevo aparecieron casos de ami­guismos, familiares y contrataciones de adherentes de altos funcionarios de turno entre los privilegiados con cargos. Asistentes y asesores pululan las plani­llas de personal acomodado, una repar­tija, al parecer, de nunca acabar.

Los administradores del Estado debie­ran sentar cabeza y evitar las contrata­ciones innecesarias.

El caso de los US$ 10,5 millones destina­dos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la contra­tación de 244 expertos para mejorar las capacidades de gestión de esta cartera, de forma tercerizada se encuentra entre los más alevosos.

Sin embargo, el derroche no es exclusivi­dad del MOPC. A diario las noticias nos cuentan sobre acomodados en casi todas las reparticiones estatales.

Tristemente se vulnera una herramienta clave en la mejora de la calidad del ser­vicio de personal en la función pública como es el concurso de méritos.

Las planillas de personal se siguen car­gando con adherentes, amigos, familia­res de quienes tienen la lapicera o de los que se manejan como satélites del poder.

Recordemos que en mayo de este año una investigación de nuestro medio había revelado que, en plena pandemia, hasta abril del 2021 ingresaron 20.678 funciona­rios nuevos en el Estado. La cifra incluye personal permanente y contratado.

Si bien la mitad corresponde al cre­cimiento del personal vegetativo, es decir, salud, educación y fuerzas de seguridad, no es nada mesurada la can­tidad de 10.000 asalariados nuevos solamente en la administración centra­lizada que se suman a los aproximada­mente 250.000 funcionarios que tiene el Estado.

Las estadísticas mencionadas no inclu­yen las numerosas contrataciones que se dan en otras entidades del Estado, como el caso de las binacionales, en las que Yacyretá lleva amplia ventaja en la repar­tija de cargos.

En plena pandemia, mientras morían miles de paraguayos a causa del covid–19, en Yacyretá incorporaron 75 funciona­rios con salariazos, en su mayoría can­didatos de la lista del director Nicanor Duarte Frutos que rebotaron en las últi­mas elecciones generales.

Ejemplos hay un montón, el desafío es acabar con esta discrecionalidad en el manejo del dinero de los contribuyentes.

Mejorar la calidad de nuestros gastos implica indiscutiblemente mejorar la calidad de recursos humanos.

Es necesario aplicar el método de selec­ción vía concurso de oposición para al menos amortiguar el acomodo por afi­nidad y las exageraciones en este gasto superfluo.

La propia ministra de la Secretaría Téc­nica de Planificación dijo en entrevista que aproximadamente la mitad del uni­verso del funcionariado público es bachi­ller; es decir, sin título universitario.

Las situaciones acuciantes de nuestra gente en la pandemia a causa de la mise­ria de nuestro sistema sanitario es una razón de oro para interceptar estas con­trataciones con mayor rigor por parte de los organismos de control. Para esto urge un compromiso entre el sector polí­tico y las instituciones técnicas, de modo que prime el interés colectivo antes que cualquier presión partidaria a la hora de optar por la incorporación de los servi­dores públicos.