En un Poder del Estado donde se crean y se admi­nistran leyes, como el Con­greso Nacional, no pueden o no deberían darse el lujo de piso­tear ningún tipo de normativa.

La iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, de sancionar a quienes lle­gan tarde a las sesiones es digna de todo apoyo porque se ajusta a dere­cho y es una materia pendiente con los contribuyentes que les cum­plen mes a mes con el pago de sus salarios.

“Estamos teniendo problemas cada vez que vamos a iniciar la sesión, el problema se da por las llega­das tardías o porque los colegas se conectan muy tarde para la sesión, teniendo en cuenta que hoy en día tenemos la facilidad de estar vía virtual, de forma no presencial”, reclamó el diputado Alliana hace unos días.

Él mismo advirtió que se cum­plirá con las sanciones estableci­das en el reglamento interno sobre las llegadas tardías de los diputa­dos para las sesiones convocadas. El titular de la Cámara Baja men­cionó que el reglamento establece una multa de G. 600.000 en el caso de las llegadas tardías, que será aplicada consecuentemente tras dos notificaciones.

Es inconcebible que en un Poder del Estado donde se debe velar por las leyes se sigan vulnerando regla­mentos básicos que hacen a la pre­sencia de sus miembros en las sesio­nes, razón por la que fueron electos por el pueblo. Porque es así, fueron elegidos para legislar mediante par­ticipaciones en el pleno de sus res­pectivas cámaras.

Por la situación de la pandemia, incluso los parlamentarios tienen sesiones de manera virtual; es decir, que en la comodidad de sus residen­cias pueden participar de estas reu­niones. Además de esto, se estable­ció 30 minutos de tolerancia, lo que tampoco se cumple, según dijo el presidente de los diputados en uno de sus últimos reclamos.

El incumplimiento en la asistencia ha generado incluso convocatorias a sesiones extraordinarias. Varios ya fueron notificados, pero al pare­cer no les afecta, por lo que resulta razonable una sanción que les toque el bolsillo, única estrategia general­mente exitosa ante el desinterés por el trabajo.

En honor a la confianza del electo­rado que los votó para una hon­rosa representación, velando por las leyes de nuestra República y el sueldo privilegiado que perciben, por arriba de los G. 30 millones, son motivos más que sublimes para que cumplan con sus responsabilidades. Si el ejemplo no proviene de quie­nes administran las leyes, ¿con qué derecho se podría cuestionar a otros aburguesados que viven de jugosos sueldos del Estado?

La pandemia además nos hizo ver y sentir lo débiles que somos como Estado, sufriendo consecuencias lamentables a causa de ello. Institu­ciones que no funcionan, millona­rios gastos innecesarios, el peso de los privilegios dentro del funciona­riado público, las despiadadas con­trataciones de adherentes y reco­mendados, una iniciativa abocada a honrar el compromiso con los con­tribuyentes es más que plausible, digna de ser acompañada con la pre­sión de los medios de comunicación y la ciudadanía.

Los diputados y senadores, así como todos los funcionarios de la Repú­blica que se sirven de salarios pro­venientes de los impuestos de los contribuyentes, deben aprender a cumplir con sus responsabilidades. Ser merecedores de los ingresos que perciben. Y eso incluye el respeto por las horas de trabajo, en este caso por las horas de sesión que guarda relación con la productividad como prestadores de servicios del Estado.