Los últimos destapes de cómo existen verdaderos laboratorios de fabricación casera de máqui­nas tragamonedas, negocio que en este momento está en fuerte debate por la clandestinidad en la que opera, urge la intervención y colaboración de los entes de control pertinentes.

Estos aguantaderos deben exterminarse y apuntar a la rigurosidad del negocio que mueve millones en negro, situación reconocida por los mismos entes encar­gados de regularizar el juego de las tra­gamonedas, como el caso de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que desde la aparición de estas maqui­nitas callejeras nunca ha registrado ingreso de un solo guaraní por la explo­tación de las mismas.

Escandalosas cifras de importación de componentes de unos US$ 12,5 millones entre el 2019 y el 2021 revelaron desde la Dirección Nacional de Aduanas en el marco de nuestro programa de investi­gación “Tierra de nadie”, lo que demues­tra la informalidad en la que se indus­trializan estas cajas.

El Ministerio de Industria y Comercio no registra una sola empresa de ensam­blaje de máquinas tragamonedas, lo que cierra el círculo de la inoperancia en el control de un negocio que mueve miles de millones, pero sin aportar un solo guaraní al Estado. Y con el agravante de que pudieran ser verdaderas herramien­tas de estafa en el mercado.

El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, se comprometió a realizar los cruces con Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación para seguirle el rastro a estos fabricantes de máqui­nas tragamonedas que se camuflan de talleres de reparación de electrodomés­ticos, electrónica, metalúrgica, etc., que también mueven cifras extraordinarias, ya que los precios de las cajas oscilan entre los G. 2 millones a G. 4 millones y se estima unas 150 mil cajitas en funcio­namiento en todo el país.

El debate y los cuestionamientos que ahora surgen en relación con el rubro de tragamonedas no deben limitarse solo a la adjudicación del censo y regulariza­ción de las máquinas. Debe proyectarse el serio objetivo de acabar con la clan­destinidad desde la fabricación de las cajas, el pago de canon por la explotación del juego y un implacable plan para pro­teger a los menores de la adicción a las apuestas.

Los intendentes no pueden seguir des­entendiéndose ante el hecho de que sus funcionarios pasen a pegar una calco­manía en los comercios y cobrar canon sin papel alguno, tal como testimonia­ron varios comerciantes que explotan el juego en sus locales. El Ministerio de Industria menos aún puede conti­nuar con el desconocimiento del ori­gen de estas máquinas que copan vere­das y todo tipo de negocios; así también, el Ministerio de la Niñez debe demos­trar mayor eficiencia en la protección de menores y no solamente escudarse en las notas remitidas a los jefes comuna­les, avisando de la exposición de niños y niñas.

La Fiscalía anunció en estos días que irá tras los negocios clandestinos de jue­gos de azar, en los que se incluye el de tragamonedas. La reacción del Minis­terio Público se dio con el destape del esquema de recaudación en negro difun­dido en medios de comunicación.

La iniciativa del Ministerio Público debe ser aprovechada por las instituciones responsables de que el negocio opere formalmente, protegiendo de posibles estafas a los apostadores y a los menores de la ludopatía. El Ministerio de Indus­tria, para desmantelar la fabricación casera de las máquinas; Conajzar, para asumir sus atribuciones legales de regu­lar el juego; las municipalidades, para acabar con la presencia de estas cajitas luminosas en lugares que no correspon­den como veredas y comercios sin rigor; el Ministerio de la Niñez, para sumar sus denuncias contra la exposición de meno­res, y la Subsecretaría de Tributación, para generar ingresos al Estado.

Todas estas instituciones que por años alegaron falta de recursos o incapacidad para el control del negocio, ahora tie­nen la magnífica oportunidad de subirse al carro del Ministerio Público, sumar esfuerzos y acabar con esta peste de máquinas tragamonedas en condicio­nes ilegales que actualmente sirven de limosna para algunos avivados funciona­rios públicos.