Las ya predecibles reacciones del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, acusando a otros de las responsabilidades que le competen con relación a su imputación por el caso de factura clonada, utilizando el típico y ridiculizado argumento de la persecución, son estrategias políticas que ya no caben para los tiempos en que vivimos.
Intentar zafar una imputación y acusación fiscal con gastados discursos es un recurso demasiado frágil y una burla a la ciudadanía que tiene el derecho de exigir pruebas, no escuchar lamentos.
El populismo de ir contra jueces y fiscales, así como las aéreas habladurías durante su última audiencia en la que a falta de argumentos sólidos en su defensa se pasó hasta haciendo cálculos de las horas / hombre de trabajo de los funcionarios judiciales para desacreditarlos en sus funciones, confirman que Alegre no tiene pruebas para rebatir su imputación.
Con sobrados elementos, el fiscal Édgar Sánchez imputó y acusó a Efraín Alegre por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por uso de documentos públicos de contenido falso. Se confirmó que presentaron una factura clonada por valor de G. 98 millones como parte de las rendiciones de cuentas de los subsidios recibidos para las elecciones del 2018.
A su estilo, Alegre emprendió fuertes campañas de descrédito contra la Fiscalía y todo el Poder Judicial para desviar el tema y sacar rédito político promocionándose como víctima de la mafia. No explica cómo aparece esa factura clonada entre su rendición de cuentas.
Este es el modus operandi de siempre del señor Alegre.
Recordemos que en el caso del 31-M, orientó la investigación de la muerte del joven Rodrigo Quintana hacia sus intereses políticos. Todos los argumentos que el abogado Guillermo Duarte Cacavelos introdujo en el expediente giran en torno a la victimización del presidente del Partido Liberal y no sobre las circunstancias del fallecimiento. Peor aún, ocultaron por años reveladoras imágenes de cómo alteraron la escena del crimen del joven, mientras aprovechaban intensas campañas contra los enemigos políticos utilizando el trágico episodio.
Cuanto más largo es el proceso judicial, también es más rentable para Alegre, que no puede con documentos aniquilar las posturas de la Fiscalía. Dentro de este esquema cuenta con uno de los abogados más expertos en chicanas judiciales. De hecho, así logró liberar a varios operadores del partido involucrados en la alteración de la escena del crimen de Quintana, Olga Paredes y compañía, que no salieron ilesos del proceso con pruebas de inocencia, sino porque expiraron los plazos; es decir, por prescripción de la causa.
Estas dilaciones sugieren el mismo show por parte de Alegre en el caso de la factura clonada por la que no sabe responder y entonces declaró guerra a la Justicia. Desacatar las medidas alternativas a la prisión dictadas por la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera para generar polémica es parte del montaje que, apoyado por algunos medios de comunicación, no son más que mañas políticas para no someterse al proceso y politizar la causa.
La jueza Lovera resolvió elevar el caso a juicio oral y público, obviamente la defensa de Alegre anunció que apelará la decisión y con esto se alarga el camino, ya que será un Tribunal de Apelación el que deberá decidir si ratifica la elevación a juicio oral o anula dicha decisión. ¿Por qué la estrategia de seguir esquivando el proceso y no presentar documentos que derrumben la imputación fiscal?
Cualquier ciudadano, más aún los políticos que se jacten de líderes, ocupen cargos públicos y representen a un electorado como el caso de Alegre, no pueden seguir defendiéndose con el ataque a las instituciones y a sus funcionarios.
La inocencia y la honestidad se defienden con elementos, con pruebas, no agrediendo a quienes tienen el rol constitucional de esclarecer los hechos. Esta manía de denigrar a las instituciones por estar bajo la lupa no contribuye con el proceso democrático del que tanto se vale este tipo de políticos hipócritas que se venden como patriotas, pero no son capaces de convivir en un Estado de derecho.