Regular el negocio de los juegos de azar, principalmente el de las tragamonedas, es una imperiosa necesidad por la proliferación reinante de las máquinas en todo el país. La presencia de este juego en lugares sensibles como inmediaciones de escuelas, colegios, iglesias, almacenes y hasta veredas expone a nuestros menores a la ludopatía (desenfrenados deseos por apostar).
La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez Bueno, acompañó la exposición de una investigación de nuestro medio sobre las máquinas tragamonedas en la que se abordan, además de los millonarios circulantes en negro, los riesgos para los menores de edad.
“Esto genera en ellos una situación de ludopatía, que es una adicción a este tipo de juegos que es muy dañino y que como toda adicción genera en ellos unos hábitos que después no pueden dejar. Estas cajitas de monedas están por todas partes, en espacios nada saludables para niños, entonces a ellos, permanecer por horas con todo lo que esas lucecitas que reflejan y que les va como hipnotizando parece en ese proceso, eso es sumamente dañino”, son palabras textuales de la secretaria de Estado que refuerzan la necesidad de regular el negocio que hoy funciona de manera descontrolada.
Respetar las atribuciones de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) es clave en este proceso de regularización y formalización. La Ley N° 1016/97 establece que la Conajzar es la autoridad competente en todo lo concerniente a la regulación, planificación, control y fiscalización de los juegos de azar, de las actividades de las personas físicas o jurídicas dedicadas a su explotación, al igual que las relaciones interjurisdiccionales emergentes de la actividad reglada según el Art. 4°.
Si bien, los municipios cuentan con ciertas competencias, según la misma Ley N° 1016/97, al establecer que podrán otorgar concesiones o permisos para la explotación de juegos de azar con exclusividad a nivel municipal y que son: a) un local para bingo; b) locales para juegos electrónicos de azar; c) rifas de entidades sociales, deportivas, educacionales y religiosas del ámbito de su jurisdicción; d) un bingo radial; e) rifas comerciales de carácter local, y f) canchas de carreras de caballos, en el caso de este juego no desarrollado en locales exclusivos de juego está bajo la jurisprudencia de la Conajzar. Además, visto está que el manejo de las municipalidades no solo ha generado desprolijidad en la expansión del juego, sino también este descontrol lo ha convertido en un elemento nocivo para menores y personas de todas las edades.
Las cámaras de nuestro canal han tomado imágenes de niños y niñas manipulando estas cajitas que son sustanciosas alcancías de los dueños que se manejan con perfil bajo en el esquema. Los funcionarios municipales son los principales aliados de estos propietarios fantasma, ya que con sus visitas recaudan unos guaraníes sin papel alguno, en el mejor de los casos blanquean sus gestiones pegando una calcomanía a las maquinitas, tal como nos enseñaron algunos comerciantes.
Unos G. 150.000 millones al mes mueve este negocio; sin embargo, la Conajzar no tiene registros de ingresos provenientes del cobro de canon. Una salida que encontró esta institución para generar ingresos al Estado y ejercer su rol de control que le corresponde por ley es la tercerización del censo y la regularización de máquinas existentes en el país, iniciativa que no cayó nada bien a los propietarios de máquinas que prefieren seguir operando bajo el “monitoreo” de las municipalidades.
La dependencia de las municipalidades en la explotación de máquinas tragamonedas ha sido un fracaso, en términos sociales y económicos. No ingresó un solo guaraní a las arcas del Estado y se ha expuesto a nuestros niños y niñas a la ludopatía, ya que no hay limitación para acceder al juego.
Es hora de que saldemos la deuda pendiente en la protección de los menores de la ludopatía. Conajzar debe tomar la posta y las municipalidades sumar esfuerzos para que entre todos acabemos con un negocio que arriesga a nuestros niños y niñas.