El Gobierno recurre a nuevos préstamos y más contribuciones monetarias para hacer frente a los requerimientos de la actual emergencia pandémica. Como en caja no cuenta con los fondos necesarios, tiene que apelar a aumentar la deuda, entre otras medidas para conseguir el dinero que necesita para hacer frente a las crecientes demandas del momento actual.
Ahora el Congreso estudia el proyecto de ley de consolidación económica y contención social presentado recientemente, con el que se recurre a endeudamiento y en parte a la utilización de fondos especiales.Nadie se opondría a que el Estado destine más capital para la salud y para ayudar a levantar la situación de los sectores productivos, porque es una necesidad muy urgente. Pero debe asignar más plata para aumentar la inversión económica y reactivar el aparato de la producción y el comercio.
El proyecto de ley pretende obtener 365 millones de dólares de fuentes de diverso origen. Según las explicaciones del Ministerio de Hacienda, parte del dinero vendrá de recursos no comprometidos para este año de varias empresas públicas, que deberá devolverse en los próximos ejercicios. Otra porción será con la colocación de bonos del Tesoro, es decir, con más deuda que habrá que pagar en algún momento. El monto más elevado sería con la utilización de los derechos especiales de giro (DEG), que son fondos que corresponden al Paraguay en el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los ejes prioritarios del proyecto de ley son asegurar dinero para el sistema de salud, garantizar plata para los programas sociales y dar apoyo a trabajadores y empresas de diversa índole.
Con los recursos obtenidos se pretende asistir a los trabajadores formales que siguen suspendidos en sus trabajos, lo que requeriría 45 millones de dólares. A este importe se sumarían 25 millones de dólares para las micro, pequeñas y medianas empresas (mypimes) para alcanzar alrededor de 100 millones de dólares con los fondos ya conseguidos. También se quiere disponer de 20 millones de dólares para crear un fondo fiduciario que será administrado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), que se destinará a pequeñas empresas y trabajadores independientes, ya que no todos los emprendimientos pueden conseguir ayuda en el sistema financiero formal.
Otro destino de los recursos es cubrir el subsidio del 50% en el consumo de servicios básicos de energía eléctrica y agua potable durante seis meses a las empresas dedicadas a la gastronomía, eventos especiales, turismo, hoteles y afines. Esto costaría 8 millones de dólares. A la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) se le daría 3 millones de dólares adicionales, para que continúe con el subsidio a los trabajadores independientes de varios servicios.
Este proyecto de ley prevé muy pocos recursos pecuniarios para reactivar la economía a través de suficiente ayuda a las empresas de diverso tamaño que producen la mayor parte de los bienes y otorgan gran cantidad de fuentes de trabajo a la población. Ese es uno de los defectos que tendría que corregirse en el Congreso, proponiendo más fondos y facilidades financieras para mover el aparato productivo del país. No tiene mucho sentido endeudarse más ni usar dinero propio si no se busca principalmente oxigenar a la gran cantidad de unidades económicas pequeñas y grandes que están en zozobra y que requieren de una ayuda especial para mantenerse en pie, continuar la producción y poder contratar más trabajadores.
Si bien la mayor parte de este proyecto (el 68,4%) se va a cubrir con fondos provenientes de los derechos especiales de giro, que no es deuda, el dinero que se utilice debe canalizarse preferentemente a movilizar la economía. Aparte de la plata para la salud, la prioridad del momento es hacer andar con toda su fuerza el aparato económico constituido por las entidades productivas de todos los renglones, en especial las que más sufrieron por la pandemia.
Por eso se tienen que rectificar muchas disposiciones de este proyecto de ley para posibilitar que se destinen recursos monetarios significativamente más elevados a reactivar la economía para recuperar todo lo que se ha perdido hasta ahora. Esta tarea está en manos de los legisladores, que deben comprender que solo así el país tendrá fuerzas para avanzar hacia una mejora sustancial.