Luego de más de dos años de hacerse públicos los hechos del cuestionado manejo del dinero público y de la asociación para ciertas compras por parte del ex gober­nador de Guairá Rodolfo Friedmann, un fiscal ha decidido asumir la acusación. El Ministerio Público dispuso imputarlo por la supuesta comisión de los delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asocia­ción criminal. Esto debido a las eviden­cias de haberse quedado con las ganancias de los llamados a licitación de almuerzo escolar del departamento de Guairá de una empresa en que figura como socio. Ade­más de otras acusaciones como no haber entregado los alimentos para los niños de las escuelas públicas de esa zona del país, hechos que habían sido denunciados por este diario desde el 2018. La incrimina­ción incluye a otras personas que, según la denuncia, formaron parte de la asociación constituida para el manejo discrecional y la utilización indebida de los fondos desti­nados por el Estado para ayudar a los esco­lares del cuarto departamento.

De acuerdo con la inculpación hecha por la Fiscalía, como gobernador, Friedmann tenía entre sus funciones ordenar gas­tos y firmar contratos con proveedores. El detalle es que entre los proveedores estaba la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), que fue la encargada de proveer el almuerzo escolar en el contrato con la Gobernación de Guairá en los años 2016 y 2017, según el fiscal.

La sospecha del fiscal es que el ex gober­nador tuvo participación en la empresa e impuso condiciones, tales como que su primo hermano Silvio Alfaro y una con­tadora de su confianza fueran parte de la firma. Además, hizo que la compañía abriera cuentas bancarias en dólares y en guaraníes. El Ministerio Público sostiene que existe un esquema delictivo mediante el cual Friedmann “autorizó y suscribió para su beneficio personal un contrato administrativo para el suministro de bie­nes con una empresa que, en ese caso, él mismo controlaba y dirigía”.

La Fiscalía incluyó en la misma causa a un primo hermano del ex gobernador, Sil­vio Alfaro, su contadora, Lourdes Gonzá­lez Melgarejo, a quienes acusa de lavado de dinero, asociación criminal y adminis­tración en provecho propio. Otro de los acusados es Eduardo Domínguez, que fue funcionario de la gobernación, por aso­ciación y lavado. En tanto que la esposa de Friedmann, Marly Figueredo, fue también incluida en el proceso por lavado de dinero, ya que en diciembre del 2016 ella reci­bió como regalo de su marido una camio­neta, que fue comprada por Friedmann con dinero de la empresa ESSA. La Fiscalía sostiene que la mujer sabía que los 50.000 dólares que se habían pagado por el rodado provenían de la mencionada firma.

De acuerdo con las publicaciones rea­lizadas por nuestro diario, la goberna­ción transfirió grandes sumas de dinero a la empresa ESSA como anticipos por la entrega de almuerzo escolar, benefi­ciando de ese modo al gobernador y sus socios. Solamente en el 2016, se registra­ron 203.149 raciones de almuerzo escolar no entregadas por la firma cuyo valor era de 2.295 millones de guaraníes, de acuerdo con una auditoría hecha por la Contraloría General de la República.

Las acusaciones contra Friedmann son similares a las denuncias realizadas por el Ministerio Público contra el diputado Miguel Cuevas que, cuando era gobernador de Paraguarí, habría usado dinero público destinado a merienda escolar y otros fines para provecho propio. Por lo que lo acusa de enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Sin entrar a juzgar este, ni ningún otro caso, hay que señalar que el mal uso del dinero público para provecho de funciona­rios inescrupulosos es un hecho corriente muy pocas veces castigado por la Justicia. Debido a ello, existen numerosas personas que pasaron rápidamente de la pobreza a la opulencia a través de un cargo público y que luego disfrutan de su riqueza malha­bida. Por eso la Fiscalía hace bien en acusar a los sospechosos de delitos para que se los enjuicie.

Es necesario que la Justicia investigue a los inescrupulosos, los acuse y condene por los delitos cometidos. Y que devuelvan el dinero desviado para que el Gobierno les dé el destino adecuado. Ningún acto desho­nesto debe quedar impune porque aparte de ser una injusticia, es un mal ejemplo que cunde entre los que quieren aprovecharse del Estado para fines inconfesables.