Si tuviera una pizca de dignidad, aunque más no sea como el grano de una mostaza, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wiens, ya hubiera renunciado de manera indeclinable, sin sujeción a que el presidente de la República acepte o no su dimisión. Habría sido una señal de decoro en su comportamiento personal. Pero el pundonor no es precisamente una cuali­dad que distingue a este gobierno y su cír­culo de confianza. Seguir usufructuando los privilegios de un cargo para el cual no está remotamente preparado, por lo visto, es más importante que el buen nombre. La muerte de tres personas por el derrumbe de un puente sobre el arroyo Lorito, en Tacuatí, departamento de San Pedro, pro­ducto de una negligencia criminal, es una responsabilidad de la que no podrá esca­parse. Aunque logre escabullirse de alguna pesquisa fiscal, el veredicto ciudadano es de inapelable condena.

A finales del 2019, advertíamos que tres de los pilares fundamentales que apuntalan el desarrollo de una nación estaban con gra­ves fisuras por su demostrada incompeten­cia. Nos referíamos al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al de Salud Pública y Bienestar Social y al de Educación y Ciencias. El tiempo nos dio la razón. Y aun­que el jefe de Estado se empecinaba en soste­nerlos en esos cargos para los cuales no eran aptos, ante la fuerte presión política y ciuda­dana removió a dos de ellos. Pero siguió sos­teniendo a Wiens, vaya uno a saber las razo­nes, pero no fue precisamente por su buena gestión y transparencia. No desperdiciaba acto público alguno –el Presidente– para hablar de las supuestas bondades de este secretario de Estado, midiendo su capacidad en, también supuestos, miles de kilómetros de rutas asfaltadas que nadie puede corrobo­rar porque nunca dieron registros detallados al respecto. Se ufanaba el señor Abdo Bení­tez que en materia de rutas ningún gobierno, en toda la historia, hizo lo que ahora esta­ban haciendo. Propaganda que no paró ni siquiera durante la pandemia causada por el covid-19, obviando las prioridades que pudieron salvar miles vidas.

La primera denuncia seria contra el actual ministro de Obras Públicas empezó cuando apenas había asumido el cargo, en octubre del 2018, cuando publicaciones periodísti­cas desnudaron que los pliegos de bases y condiciones de una licitación fueron direc­cionados para favorecer a una determinada empresa. Quiso cortar de raíz el escándalo destituyendo al director de la Unidad Opera­tiva de Contrataciones (UOC), quien inme­diatamente querelló a Wiens por “calum­nia, difamación e injuria”, reclamando como resarcimiento un millón de dólares. Luego, al confirmarse la indignante sobrefactu­ración del adefesio al que la gente llama “la pasarela de oro”, relevó del cargo al director de Obras, quien había denunciado que el pro­pio hermano de la primera dama se pasó rea­lizando lobby a favor de la empresa ganadora de la licitación, Engineering SA, rebauti­zada como la “superproveedora del Estado”. Y corona su pésimo papel como ministro con la tragedia de Tacuatí, destituyendo al jefe del Departamento de Puentes. En todos los casos, el ex pastor evangélico hizo la de Pilato: se lavó las manos.

Una autoridad que es incapaz de estable­cer un sistema de control de calidad y de buen uso de los recursos públicos, dentro de su propio ministerio, no puede seguir en su cargo. Carece de idoneidad, con los tres componentes básicos que la definen, y que ya desarrollamos en varias oportunidades en este mismo espacio. En primer lugar, la com­petencia, es decir, el saber hacer. Conocer sus funciones y ejecutarlas con solvencia. En segundo lugar, la autonomía moral, ese nece­sario carácter ético para enfrentar y rechazar los mínimos actos de corrupción que puedan ser ordenados desde arriba, para beneficiar a parientes y amigos. El conflicto de la Pasa­rela de Ñandutí deja en entredicho esa condi­ción. Al que debemos añadir el monumental despilfarro en contratación de “expertos” y uso de combustible, tal como venimos publi­cando en nuestro diario. Y, por último, la responsabilidad por los resultados, en la que está totalmente aplazado.

Todas las obras en ejecución o las que están proyectadas deben ser verificadas por técnicos independientes y competentes, para prevenir cualquier des­gracia similar a la del puente de Tacuatí. Tar­díamente, el ministro Wiens adelantó que realizará una auditoría de todos los puentes del país, cuando que debió ser una primera y prioritaria tarea. Pero en este gobierno de improvisados nada sorprende. A los más de diez mil muertos por la negligencia, hoy debemos sumar a las víctimas de la indolen­cia y de la desidia. Todos los funcionarios involucrados del MOPC, empezando por su titular, deben ser investigados, y el Gobierno debe indemnizar a quienes sufrieron las con­secuencias mortales de su ineptitud.