El ingreso de mercaderías de ori­gen extranjero al país sin pagar impuestos ni cumplir las normas aduaneras está teniendo un auge muy grande, que ha deprimido las ventas de los negocios legales y está castigando a las empresas que cumplen con la ley. Este hecho que amenaza la estabilidad de las empresas lícitas ha hecho exclamar a los directivos de los supermercados que el con­trabando de mercaderías está llegando a su pico histórico causando estragos en el sec­tor, porque debido a ello han caído las ven­tas en las entidades que cumplen las leyes.

Aunque no existe una cuantificación ofi­cial, porque el delito es muy difícil de medir, se estima que más del 40% de los productos que se comercializan en el país ingresa ilegalmente a través de las fronte­ras con Brasil y la Argentina. Y, por con­siguiente, es el principal causante de las escasas recaudaciones del Estado, que debido a sus crecientes necesidades debe recurrir a los préstamos para financiar gran parte de sus gastos operativos.

“Seguimos con un consumo deprimido y el contrabando, a diferencia de marzo, abril y mayo del año pasado, está en un pico his­tórico en este momento. Es una fiesta total la forma que ingresa el contrabando. No recuerdo nada igual”, aseguró a la prensa el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sboro­vsky. “En los meses de marzo, abril y mayo hemos notado que nuestras ventas han bajado, inclusive comparando con el 2020 en ese mismo periodo”, remarcó.

Dijo que cuando el año pasado se declaró la cuarentena total y se cerraron las fron­teras hubo un bajón del ingreso ilegal de mercaderías. Y que mediante eso aumen­taron las ventas de productos formales de origen nacional, que no fue tan elevado pero que se notó especialmente en aque­llos artículos que suelen verse afectados por el tráfico ilícito.

Explicó que existe todo un complejo sis­tema de economía subterránea, con nego­cios que tienen grandes depósitos de mercaderías de contrabando, que las dis­tribuyen a puntos de ventas medianos y pequeños, incluso con vendedores ambu­lantes en avenidas y calles importantes.

Teniendo en cuenta la situación de emer­gencia que afecta al país, apuntó que no se está viviendo solo una pandemia sanita­ria, sino que también “vivimos una pande­mia de informalidad, que creo que está en el mismo grado de la sanitaria por el pro­blema que tenemos”.

El tráfico ilegal de mercaderías desde paí­ses vecinos y su comercialización impune en muchos negocios no son nuevos. Pero el daño que produce es cada vez mayor. Pues a medida que pasa el tiempo el perjui­cio va aumentando en progresión geomé­trica, como un cáncer crónico que está afectando cada vez más al organismo. Demuestra que el Estado, sus institucio­nes y las autoridades no tienen la voluntad o la fuerza necesaria para achicarla a su mínima expresión y de castigar a los cul­pables del ilícito. Si el 46% de la economía paraguaya es subterránea y no hay nadie preso por contrabando, quiere decir que algo se está haciendo mal desde las institu­ciones encargadas de ello, como dijo el pre­sidente de Capasu.

Lo deplorable es que los responsables no son perseguidos ni están en la cárcel, como correspondería en un país en que rige el Estado derecho. Los organismos de repre­sión del delito actúan solo a medias, lo que se ve en los magros resultados de las incautaciones de las mercaderías ilegales. Y la Fiscalía tampoco ha procedido hasta ahora como dictan las normas respectivas. En agosto del año pasado, el entonces pre­sidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, había dicho que en ese tiempo existían más de 750 casos judiciales abiertos por el delito de contra­bando pero que ninguno había llegado a juicio, lo que ejemplifica el grado de impu­nidad que rige para los contrabandistas y personas que se manejan en el submundo de la ilegalidad.

Teniendo en cuenta la importancia de este delito, el escaso accionar de las autorida­des para eliminarlo y la impunidad exis­tente, se puede afirmar que los que come­ten esas omisiones son encubridores del contrabando. Y tendrían que ser obligados por el Gobierno y el Poder Judicial a actuar contra ese acto criminal y sus autores para no ser considerados cómplices de los delin­cuentes.

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