El ingreso de mercaderías de origen extranjero al país sin pagar impuestos ni cumplir las normas aduaneras está teniendo un auge muy grande, que ha deprimido las ventas de los negocios legales y está castigando a las empresas que cumplen con la ley. Este hecho que amenaza la estabilidad de las empresas lícitas ha hecho exclamar a los directivos de los supermercados que el contrabando de mercaderías está llegando a su pico histórico causando estragos en el sector, porque debido a ello han caído las ventas en las entidades que cumplen las leyes.
Aunque no existe una cuantificación oficial, porque el delito es muy difícil de medir, se estima que más del 40% de los productos que se comercializan en el país ingresa ilegalmente a través de las fronteras con Brasil y la Argentina. Y, por consiguiente, es el principal causante de las escasas recaudaciones del Estado, que debido a sus crecientes necesidades debe recurrir a los préstamos para financiar gran parte de sus gastos operativos.
“Seguimos con un consumo deprimido y el contrabando, a diferencia de marzo, abril y mayo del año pasado, está en un pico histórico en este momento. Es una fiesta total la forma que ingresa el contrabando. No recuerdo nada igual”, aseguró a la prensa el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Alberto Sborovsky. “En los meses de marzo, abril y mayo hemos notado que nuestras ventas han bajado, inclusive comparando con el 2020 en ese mismo periodo”, remarcó.
Dijo que cuando el año pasado se declaró la cuarentena total y se cerraron las fronteras hubo un bajón del ingreso ilegal de mercaderías. Y que mediante eso aumentaron las ventas de productos formales de origen nacional, que no fue tan elevado pero que se notó especialmente en aquellos artículos que suelen verse afectados por el tráfico ilícito.
Explicó que existe todo un complejo sistema de economía subterránea, con negocios que tienen grandes depósitos de mercaderías de contrabando, que las distribuyen a puntos de ventas medianos y pequeños, incluso con vendedores ambulantes en avenidas y calles importantes.
Teniendo en cuenta la situación de emergencia que afecta al país, apuntó que no se está viviendo solo una pandemia sanitaria, sino que también “vivimos una pandemia de informalidad, que creo que está en el mismo grado de la sanitaria por el problema que tenemos”.
El tráfico ilegal de mercaderías desde países vecinos y su comercialización impune en muchos negocios no son nuevos. Pero el daño que produce es cada vez mayor. Pues a medida que pasa el tiempo el perjuicio va aumentando en progresión geométrica, como un cáncer crónico que está afectando cada vez más al organismo. Demuestra que el Estado, sus instituciones y las autoridades no tienen la voluntad o la fuerza necesaria para achicarla a su mínima expresión y de castigar a los culpables del ilícito. Si el 46% de la economía paraguaya es subterránea y no hay nadie preso por contrabando, quiere decir que algo se está haciendo mal desde las instituciones encargadas de ello, como dijo el presidente de Capasu.
Lo deplorable es que los responsables no son perseguidos ni están en la cárcel, como correspondería en un país en que rige el Estado derecho. Los organismos de represión del delito actúan solo a medias, lo que se ve en los magros resultados de las incautaciones de las mercaderías ilegales. Y la Fiscalía tampoco ha procedido hasta ahora como dictan las normas respectivas. En agosto del año pasado, el entonces presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Gustavo Volpe, había dicho que en ese tiempo existían más de 750 casos judiciales abiertos por el delito de contrabando pero que ninguno había llegado a juicio, lo que ejemplifica el grado de impunidad que rige para los contrabandistas y personas que se manejan en el submundo de la ilegalidad.
Teniendo en cuenta la importancia de este delito, el escaso accionar de las autoridades para eliminarlo y la impunidad existente, se puede afirmar que los que cometen esas omisiones son encubridores del contrabando. Y tendrían que ser obligados por el Gobierno y el Poder Judicial a actuar contra ese acto criminal y sus autores para no ser considerados cómplices de los delincuentes.