En el 2020, en medio del fragor de la pandemia que comenzaba a asolar el país, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso algunos pro­yectos de ley encaminados a realizar una reestructuración del Estado paraguayo. Las propuestas tenían como propósito achicar la estructura estatal anquilosada, llena de funcionarios y que costaba al país la mayor parte del presupuesto público. Tanto, que de cada 100 guaraníes que se recaudaban, más de 70 guaraníes se destinaban a los salarios de los empleados públicos en ese entonces.

Cuando el año pasado se estudiaba el presu­puesto estatal que ahora rige en el 2021, se hablaba de que 85 guaraníes de cada 100 que se recaudaren este año lectivo irían a parar al bolsillo de los funcionarios del Estado. Tal fue la regresión alcanzada en la materia debido a los golpes ocasionados por la emer­gencia sanitaria y económica, que este año se usará más dinero para la función pública.

Las propuestas de leyes presentadas el año pasado para achicar el aparato del Estado en el Poder Legislativo pretenden, entre otras cosas, ordenar la ley de la función pública haciendo que solo puedan trabajar en el Estado los que demostraren su capaci­dad técnica para ello. En consecuencia, solo serían admitidos como empleados públicos aquellas personas que en concurso de méri­tos fueran calificadas para el cargo.

Este año se remitió otro proyecto de ley que regularía el suministro y las compras públicas, con el propósito de evitar los vicios habituales de que siempre ganan las licita­ciones del Gobierno las mismas empresas, muchas de las cuales están asociadas de algún modo con altos funcionarios o polí­ticos de fuerte influencia. Con la nueva ley se quieren hacer más eficientes las adqui­siciones del Estado central y los organis­mos públicos. Y de ese modo ir recortando el gigantismo estatal tan criticado por su tamaño y su escasa utilidad para los reque­rimientos de la nación.

Los propulsores del achicamiento del Estado señalan que a medida que pasan los años el aparato estatal se va agrandando cada vez con mayor cantidad de entidades y organismos que, por su parte, van con­tratando cada más empleados. A modo de ejemplo, recuerdan que, en 1990, poco des­pués de la caída de la dictadura, tres décadas atrás, se pasaron de tener 9 entidades autó­nomas y autárquicas a 29. Que de 11 minis­terios se subió a 17 y se crearon además más de 20 secretarías de Estado, con diver­sas denominaciones y rangos y salarios de ministerios.

Desde esa época se realizaron reformas parciales con la creación de nuevos órga­nos para atender los requerimientos sur­gidos por diversas cumbres de las Nacio­nes Unidas, relacionadas con la infancia, el medioambiente, población y desarrollo, hábitat, mujer.

Como no existe una disposición normativa central que rija en la materia, que determine el número y la función de los diversos orga­nismos, se han creado, a veces por ley, en ocasiones solo por decreto, la gran cantidad de secretarías y entidades similares que se añadieron al aparato público.

La reestructuración del Estado paraguayo es necesaria y urgente, por lo que los proyec­tos de ley que se encuentran en el Congreso no pueden quedar olvidados en los cajo­nes de los escritorios como ocurre desde el 2020.

Con las nuevas normas hay que impulsar una carrera de servicio civil profesional, que sea capaz de atraer y motivar a los mejores profesionales, para lo cual es esencial el pro­ceso de selección. Y dejar de lado el cliente­lismo, el amiguismo y otros vicios que tanto daño hacen a la función pública.

Obviamente, se debe cortar el exagerado número de organismos públicos, y dejar la cantidad de ministerios y secretarías a un tercio de los existentes, con el consiguiente reordenamiento de su personal, que impli­cará jubilar y permitir la salida de mucha gente cuya presencia es innecesaria.

Teniendo en cuenta que hasta ahora nin­guno de los proyectos de leyes se ha despa­chado ni convertido en normas jurídicas, las propuestas de la reforma estatal son actual­mente una gran deuda del Poder Legislativo y la clase política. Por lo tanto, la principal tarea que tienen este año es promulgar las disposiciones necesarias para que final­mente pueda ser posible el achicamiento del gigantesco aparato estatal.