El director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, debe terminar de entender que la prepotencia con la que se desenvolvía en sus tiempos de presidente de la República ya no cabe en la actualidad y dejar de sumar sospechas de corrupción a este desgas­tado gobierno, con maniobras para no transparentar sus gastos en la entidad.

Como todos los funcionarios de la Repú­blica y más aún Duarte Frutos, quien tiene una alta representación del Estado, están obligados a rendir cuentas a la ciu­dadanía, ya sea mediante los entes de control como a través de la prensa. Sus largos años en el oficio del periodismo no lo eximen de desconocer sobre la impor­tancia de compartir información con la opinión pública.

Acabaron los tiempos en que el destino de los gastos, los documentos de las millona­rias contrataciones, convenios interins­titucionales o internacionales eran gran­des misterios. La Ley N° 5282/2014 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamen­tal garantiza este derecho humano que el director de Yacyretá debe acatar como corresponde.

Duarte Frutos hoy es responsable de que Yacyretá figure entre las instituciones que tienen más solicitudes de informa­ción sin responder. Las estadísticas pro­veídas al cierre del 2020 por el Ministe­rio de Justicia, institución que coordina la aplicación de la Ley de Transparencia, revelan que una veintena de pedidos de ciudadanos no fueron respondidos por la actual administración de la binacional.

A juzgar por el informe de Justicia, la administración de Duarte Frutos corrompe la ley de todas las formas. Desde el incumplimiento del plazo esta­blecido, la provisión de datos retaceados o incompletos hasta solicitudes con res­puestas en blanco son parte de la resis­tencia con la que afronta a la normativa. En este grupo de solicitudes no respondi­das está la del periodista de investigación del Grupo Nación, caso mediatizado que en seis meses de insistentes publicacio­nes logró victoria en la Justicia; movió al Senado de la República para encomendar una auditoría a la Contraloría General de la República, que ya está en marcha.

Variedad de discursos utilizó el director de Yacyretá para justificar su oposición a la entrega de documentos que respal­dan sus gastos sociales como de publi­cidad al equipo de investigación de La Nación. Aludió el tratado internacional y que requiere una autorización por parte de los socios argentinos como primera excusa, quiso involucrar en su torcida interpretación a la Cancillería, pero esta institución respondió que compete a la binacional gestionar los pedidos de infor­mación pública.

El Ministerio de Justicia recomendó la entrega de los datos, la organización por la Transparencia IDEA también sumó su voz de apoyo a favor del pedido. La jueza Alice González ordenó la entrega de los papeles, hoy el Senado está encima de Duarte Frutos para que explique y justi­fique la contratación masiva de funciona­rios. La Contraloría solicitó documentos de gastos, los proyectos de los beneficia­rios para acceder a la ayuda, hasta las reglas en las cuales se respaldaron para los desembolsos.

La obstrucción que pone Duarte Frutos a la transparencia de datos, últimamente publicando estadísticas imprecisas para aparentar cumplimiento, no puede seguir impidiendo que la ley sea aplicada en la entidad binacional. Por tanto, los organis­mos competentes, llámense Poder Judi­cial, Legislativo como la Contraloría, deben imponer sus atribuciones, acabar con la parodia del director de Yacyretá para que nunca más se vulnere el derecho ciudadano de Libre Acceso a la Información Pública.