Desde varios sectores sociales adelantaron que eventua­les transferencias de US$ 50 millones para el Instituto de Previsión Social y una cifra similar para el Fondo de Garantía del Para­guay (Fogapy), recursos que paliarían la situación por la que atraviesan las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y sus trabajadores, así como otros desembolsos para el auxilio eco­nómico y la protección social, no deben tener como fuente de financiamiento nuevos empréstitos. Por el contrario, instan al Gobierno a extremar todos sus esfuerzos para redireccionar recur­sos no prioritarios del Estado para el cumplimiento del auxilio económico y social.

El Gobierno bien puede echar mano a las recaudaciones de impuestos que muestran bienestar tanto en Aduanas como en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Asimismo, se pue­den redireccionar recursos de los US$ 3.000 millones de préstamos aproba­dos al Ejecutivo antes de la pandemia y que están en proceso de ejecución.

El Gobierno bien pudo haber redirec­cionado los recursos de gratificacio­nes a funcionarios públicos en plena pandemia, puesto que hay sectores que a diario se debaten en medio de necesidades para cubrir medicamen­tos e insumos vitales para hospita­les, protección social para los miles de trabajadores en el paro o para el auxi­lio económico a las mipymes, fuente generadora de la mayor cantidad de puestos de empleo. Lamentablemente no fue así, luego del antipático ejem­plo de las autoridades del Ministerio de Hacienda, que en plena crisis sanita­ria y económica pagaron una bonifica­ción extra a 1.500 funcionarios por un monto total de US$ 530 mil provenien­tes de los impuestos pagados por los contribuyentes; otras entidades públi­cas realizaron similares desembolsos impopulares.

El “Gobierno de la gente”, si en ver­dad fuese así, debe demostrar con hechos su empatía con la población y su futuro, poniendo freno al acelerado endeudamiento público y realizando una reingeniería en la distribución de los recursos estatales para salvar las apremiantes necesidades que impone esta coyuntura sanitaria. Al cierre de este primer trimestre del año, la deuda pública (administración central y enti­dades descentralizadas) creció en US$ 13.046,4 millones, lo que representa el 35,9% del producto interno bruto (PIB). Este nivel de endeudamiento sobrepasa las proyecciones de orga­nismos financieros internacionales previstas para el 2021. El Banco Mun­dial estimó en 35,7% del PIB y el Fondo Monetario Internacional en 35,4% del PIB, mientras que economistas locales y ex ministros de Hacienda habían rei­terado que un 30% del PIB era un tope de deuda razonable y sostenible para el país.

Al Paraguay le urge volver al tope de 1,5% del PIB de déficit fiscal para poner freno al endeudamiento público. El año pasado se cerró con saldo del -6,2% del PIB y este año se prevé un saldo rojo del -4%, pero el Gobierno prevé recién hacerlo al límite de déficit en el 2024. Si no se disminuye el déficit fiscal, el país va a estar entre la espada y la pared. Si se considera que la recuperación eco­nómica es lenta, tomará al menos dos años más superar la crisis.

Es momento de ser eficientes con el gasto público y redireccionar todos los recursos posibles existentes para salvar la contingencia sanitaria, eco­nómica y social antes que continuar embargando el futuro del país.

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