A esta altura del tiempo, bien podemos decir que la cacareada reforma del Estado anunciada por el Gobierno quedó en “agua de borrajas”, y es que muy poco se avanzó en el codicioso plan anunciado hace casi un año. Muchas esperanzas estaban puestas en acelerar la economía –en este escenario de pandemia–, mejorar el control del gasto público y avanzar hacia una sustancial mejora de las compras públicas. Por marzo y abril del año pasado, este tema formaba parte de las urgencias que las autoridades del país y los parlamentarios nos vendían como espejitos, eran cambios ineludibles para mejorar los servicios públicos y ser eficientes. Estos iban a brindarnos previsibilidad a futuro y marcarían la hoja de ruta para salir de la tormenta pandémica que empezábamos a vivir.
Hace un año los voceros gubernamentales anunciaron que uno de los pilares del plan de recuperación económica Ñapu’ã Paraguay era la transformación del Estado. “Nosotros ni la ciudadanía estamos conformes cómo prestamos los servicios públicos y debemos cambiarlo. Estamos trabajando en el proyecto que va a tener reglas nuevas donde la meritocracia va a ser la base para entrar a la función pública. Otro punto es rediseñar las compras públicas. Es clave que estas leyes estén en vigencia cuanto antes”, había indicado aplomadamente el ex ministro de Hacienda Benigno López.
A la fecha muy poco se avanzó en los cambios sustanciales y mucho en el endeudamiento público, que también formaba parte de dicho plan urgente. Algunos de los planes continúan en carpeta en algún escritorio del Gobierno, otros sobre algún escritorio en el Congreso Nacional. La mejora del sistema de compras públicas aún no se vuelve una realidad pese a las mejoras en la plataforma de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Es que el proceso desde sus raíces está corroído por la corrupción y es por causa de esta que precisamente no se logra llegar al punto de inflexión. Incluso referentes del sector público y privado se juntaron para encontrar alternativas que mejoren el gasto público. Asimismo, el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace dos años aproximadamente en uno de sus informes de coyuntura fue claro en apuntar a la ineficiencia del sistema de compras en el Estado como una de las causas que Paraguay malgaste casi US$ 2.000 millones anuales, un equivalente del 3,9% del producto interno bruto (PIB) del país.
Por la pandemia, Uruguay, Chile y otros países de la región avanzaron rápida y eficientemente con acciones concretas que mejoren el gasto público a fin de mitigar los desembolsos extras que obliga la pandemia para enfrentar la crisis sanitaria, social y económica que están viviendo todos los países. Sin embargo, en nuestra realidad persiste el despilfarro, como el caso del aumento de salarios en el Congreso Nacional en medio de la carencia de medicamentos e insumos en los hospitales públicos, especialmente para salvar la vida de los pacientes con covid-19.
Tampoco hay avances en la reforma del sistema de salud, que hoy más que nunca se vuelve materia vital y urgentísima. Nada suena sobre la reforma educativa, pese a que hay escoba flamante en esa cartera de Estado. Y si en estos elementos de premura existen silencio e inacción, menos se avizoran cambios para el clima de negocios o la creación de la superintendencia de jubilaciones y pensiones que ayudaría a mejorar el rendimiento de los aportes, y mucho menos vemos que haya intención en la reorganización de la estructura del Estado.
Lo dijimos hace un año, este no es el momento de la cobardía ni de los intereses personales de quienes ostentan un cargo en los poderes del Estado, porque la subsistencia del Paraguay está en sus manos y la única certeza para mirar con optimismo el futuro es culminar la reforma del Estado para contener los efectos colaterales del covid-19.