Luego de varias jornadas de manifestaciones públicas de grupos sociales con fuerte cues­tionamiento político contra el Gobierno y sus principales exponentes, saltó la alarma. Es que esa circunstan­cia y los movimientos en las esferas del poder podrían causar la inestabilidad en la estructura gubernamental y en todo el país, con sus inevitables secuelas en los diversos ámbitos de la vida nacional. Lo peor sería que contaminara la vida econó­mica, lo que podría causar graves perjui­cios a las perspectivas de reactivación que se están perfilando con buenos augurios.

Ese temor no es infundado, sino una pro­babilidad muy cercana si las controver­sias se transforman en actitudes violen­tas que desechan el diálogo civilizado y apuestan por la agresión. Y, sobre todo, si hacen zozobrar a la cúpula gubernamen­tal que está amenazada por un juicio polí­tico que alientan algunos sectores radica­lizados.

Sin tener conocimiento de las normas que rigen a la nación, muchos exponentes opuestos al Gobierno dijeron que hay que hacer un juicio político al presidente y al vicepresidente de la República y convo­car prontamente a elecciones generales para elegir nuevos mandatarios. Esa posi­bilidad jurídica no existe ni en la Consti­tución Nacional ni en las leyes electora­les, por lo que enarbolar esa bandera para causar zozobra es simplemente mentir y querer engañar a la ciudadanía. No tiene sentido derribar un gobierno si no hay cómo reemplazarlo legalmente, excepto atendiendo los pasos establecidos en la Carta Magna.

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Es bueno salir a protestar libremente contra lo que está mal en la administra­ción estatal haciendo uso de la libertad de expresión y del derecho a movilizarse sin ataduras, pidiendo los cambios necesarios y proponiendo el progreso. Es un legítimo derecho en cualquier democracia. Pero no para causar disturbios, impedir el tránsito de personas y vehículos, romper vidrios, destruir automóviles o quebrar puertas de negocios y oficinas para robar, como se ha hecho en los primeros días de las movili­zaciones. En nombre de la libertad no se pueden justificar tumultos y actos de vio­lencia física. El cambio de gobierno no es tan simple y no es bueno aportar elemen­tos para crear inestabilidad.

Conocidos exponentes del análisis econó­mico han alertado sobre lo perniciosa que será para el país la inestabilidad política, ya que afectará a la actividad económica y puede echar por tierra las posibilidades de recuperación que se están alentando.

El ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Fernández Valdo­vinos señaló que lo peor para la economía es la situación de incertidumbre y que una mayor tranquilidad política ayudará a que se cumplan los pronósticos positivos. Y que, por el contrario, si no hay certezas, afectará negativamente a la actividad eco­nómica.

Algo parecido señaló el ex ministro de Hacienda Santiago Peña cuando se mos­tró contrario a la realización de un juicio político contra el presidente Abdo Bení­tez, porque hará daño a la estabilidad del país. “Esta crisis política traerá con­secuencias económicas y sociales muy importantes por encima de lo que ya sabe­mos que trae la pandemia”, sentenció.

Teniendo en cuenta la importancia de la serenidad, por el bien del Paraguay, lo más sensato es llamar a la calma, apostar por la tranquilidad sin transigir en los cues­tionamientos que legítimamente tenga cada grupo. Y que cada cual se ponga a trabajar por el país desde el lugar que le toca. Cada habitante de esta nación tiene la obligación de contribuir a que se pueda superar el mal momento económico que se vive desde hace más de un año. Por eso debe desdeñar la politiquería y la pelea estéril para buscar el bienestar de la sociedad, que al fin de cuentas es lo que importa.

Los paraguayos tenemos que sepultar el hacha de guerra y sacar lo mejor de nues­tro talento para esforzarnos en cultivar una sana concordia. Apostando por una mejor convivencia vamos a asegurar la tranquilidad política y social que se nece­sita. Y de ese modo se podrá garantizar la tan esperada reactivación del aparato económico.

La prioridad del Paraguay es superar la emergencia sanitaria que se manifiesta actualmente en los obstáculos políticos y económicos que lo están afectando. Por ello, lo más sensato es terminar con la politiquería y empeñarse en construir el país.

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