Luego de varias jornadas de manifestaciones públicas de grupos sociales con fuerte cuestionamiento político contra el Gobierno y sus principales exponentes, saltó la alarma. Es que esa circunstancia y los movimientos en las esferas del poder podrían causar la inestabilidad en la estructura gubernamental y en todo el país, con sus inevitables secuelas en los diversos ámbitos de la vida nacional. Lo peor sería que contaminara la vida económica, lo que podría causar graves perjuicios a las perspectivas de reactivación que se están perfilando con buenos augurios.
Ese temor no es infundado, sino una probabilidad muy cercana si las controversias se transforman en actitudes violentas que desechan el diálogo civilizado y apuestan por la agresión. Y, sobre todo, si hacen zozobrar a la cúpula gubernamental que está amenazada por un juicio político que alientan algunos sectores radicalizados.
Sin tener conocimiento de las normas que rigen a la nación, muchos exponentes opuestos al Gobierno dijeron que hay que hacer un juicio político al presidente y al vicepresidente de la República y convocar prontamente a elecciones generales para elegir nuevos mandatarios. Esa posibilidad jurídica no existe ni en la Constitución Nacional ni en las leyes electorales, por lo que enarbolar esa bandera para causar zozobra es simplemente mentir y querer engañar a la ciudadanía. No tiene sentido derribar un gobierno si no hay cómo reemplazarlo legalmente, excepto atendiendo los pasos establecidos en la Carta Magna.
Es bueno salir a protestar libremente contra lo que está mal en la administración estatal haciendo uso de la libertad de expresión y del derecho a movilizarse sin ataduras, pidiendo los cambios necesarios y proponiendo el progreso. Es un legítimo derecho en cualquier democracia. Pero no para causar disturbios, impedir el tránsito de personas y vehículos, romper vidrios, destruir automóviles o quebrar puertas de negocios y oficinas para robar, como se ha hecho en los primeros días de las movilizaciones. En nombre de la libertad no se pueden justificar tumultos y actos de violencia física. El cambio de gobierno no es tan simple y no es bueno aportar elementos para crear inestabilidad.
Conocidos exponentes del análisis económico han alertado sobre lo perniciosa que será para el país la inestabilidad política, ya que afectará a la actividad económica y puede echar por tierra las posibilidades de recuperación que se están alentando.
El ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Fernández Valdovinos señaló que lo peor para la economía es la situación de incertidumbre y que una mayor tranquilidad política ayudará a que se cumplan los pronósticos positivos. Y que, por el contrario, si no hay certezas, afectará negativamente a la actividad económica.
Algo parecido señaló el ex ministro de Hacienda Santiago Peña cuando se mostró contrario a la realización de un juicio político contra el presidente Abdo Benítez, porque hará daño a la estabilidad del país. “Esta crisis política traerá consecuencias económicas y sociales muy importantes por encima de lo que ya sabemos que trae la pandemia”, sentenció.
Teniendo en cuenta la importancia de la serenidad, por el bien del Paraguay, lo más sensato es llamar a la calma, apostar por la tranquilidad sin transigir en los cuestionamientos que legítimamente tenga cada grupo. Y que cada cual se ponga a trabajar por el país desde el lugar que le toca. Cada habitante de esta nación tiene la obligación de contribuir a que se pueda superar el mal momento económico que se vive desde hace más de un año. Por eso debe desdeñar la politiquería y la pelea estéril para buscar el bienestar de la sociedad, que al fin de cuentas es lo que importa.
Los paraguayos tenemos que sepultar el hacha de guerra y sacar lo mejor de nuestro talento para esforzarnos en cultivar una sana concordia. Apostando por una mejor convivencia vamos a asegurar la tranquilidad política y social que se necesita. Y de ese modo se podrá garantizar la tan esperada reactivación del aparato económico.
La prioridad del Paraguay es superar la emergencia sanitaria que se manifiesta actualmente en los obstáculos políticos y económicos que lo están afectando. Por ello, lo más sensato es terminar con la politiquería y empeñarse en construir el país.