El Ejecutivo reglamentó la Ley 6622/20 de Racionalización del Gasto Público con el Decreto 4899, que ahora podrá ser apli­cada para procurar la disminución de las exageradas erogaciones estatales, que son uno de los principales problemas del Para­guay. La ley regula e intenta poner fin a una serie de hábitos perniciosos en el pre­supuesto estatal que hicieron que la admi­nistración del Estado fuera por décadas, y siga siendo, un barril sin fondo. Las pre­siones políticas y las ambiciones de sec­tores partidarios permitieron por mucho tiempo los más insensatos despilfarros.

Luego de cinco meses de haber sido san­cionada la ley y de cuatro meses de su pro­mulgación, oficialmente podrá ser aplicada a partir de la reglamentación conocida la semana pasada.

La Ley de Racionalización del Gasto Público, conocida como Ley Godoy, porque fue propuesta por el senador Sergio Godoy, establece que los fondos públicos se utilicen racionalmente para ir cortando los excesos de desembolsos que se dan con cada año.

Dispone que ningún funcionario público podrá ganar un salario superior al del presi­dente de la República. No incluye a los de las binacionales. También prohíbe la contrata­ción de seguro médico para las autoridades nacionales y legisladores. Se elimina la pro­visión de vales de combustible, de fondos para almuerzos y bebidas, arreglos florales y obsequios especiales.

Los pagos que los funcionarios recibían por presentismo y otros beneficios salaria­les por comparecer en el lugar de trabajo se han eliminado. Y se prohíbe que minis­tros y parlamentarios designen en cargos de confianza a parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Obliga a las oficinas estatales a ceñirse a las leyes de Contrataciones Públicas en licita­ciones hechas por agencias especializadas u organismos internacionales. Otra de las prohibiciones es la realización de publi­cidad de los organismos públicos en los medios de comunicación, excepto en casos muy especiales, como campañas de salud o de educación, en casos de epidemias o catástrofes naturales, licitaciones y proce­sos electorales.

Con su aplicación se estima que el Estado podría ahorrar alrededor de 6.000 millones de guaraníes anuales. Si se la compara con los 92,26 billones de guaraníes del Presu­puesto 2021, la cifra es muy inferior al 0,1% de los gastos previstos.

El Ejecutivo acaba de emitir también el plan financiero del presupuesto de este año con la premisa de priorizar el financiamiento de la salud, la educación, los gastos sociales y la recuperación económica. A estos sectores se les permitirá usar el 100% de los gastos previstos en el presupuesto de este año, en tanto que a los otros que no son considera­dos prioritarios se les permitirá ejecutar solo hasta el 70% de lo que se aprobó en el Congreso.

El decreto reglamentario de la ley de presu­puesto de este año tiene mayor importancia debido a los desbordes del 2020 que permi­tieron un déficit fiscal del 6% y a las amena­zas de que en el 2021 prosiga un fuerte saldo negativo debido a las mayores erogaciones y a los limitados ingresos. Un ejemplo de que el sector público no quiere disciplinarse es la ampliación del presupuesto de este año. Los legisladores aumentaron el monto del proyecto inicial enviado por el Ejecutivo en 6,5 billones de guaraníes, un alza del 7,58%, cuando lo que se pretendía era gastar menos. Lo peor es que no solo se aumen­tan los gastos para este año, sino que para hacerles frente el Estado tendrá que prestar un 18,91% del total. Es decir, para cada 100 guaraníes que tenga que gastar, tendrá que pedir prestado 19 guaraníes.

Estas cifras hablan con elocuencia de la necesidad de hacer todos los recortes posi­bles en las erogaciones del Estado. Por eso es bienvenida la aplicación de la Ley de Racionalización del Gasto Público y cual­quier otra norma que ayude a encauzar las desbordadas finanzas estatales en un año que todavía tiene un panorama incierto debido a la pandemia.

La aplicación de las normas no producirá el milagro de disminuir fuertemente el tra­dicional dispendio del dinero público, que requiere de otras medidas legales y de pro­cedimientos más drásticos. Pero es el ini­cio en la dirección correcta para achicar el Estado y hacer que la administración de los recursos públicos sea más eficiente.