La Constitución Nacional de 1992, que está vigente, es la ley fundamental sobre la que se asienta nuestro Estado, esta norma legal suprema determina todo el andamiaje jurí­dico de nuestro país, y establece la división de poderes con sus alcan­ces, a la vez que garantiza derechos y libertades. Uno de esos derechos está inscripto en su artículo 28, que establece el derecho a informarse que tienen los ciudadanos paraguayos. A partir del 18 de setiembre del 2014 mediante la promulgación de la Ley 5282, que reglamenta el citado artí­culo constitucional, se hace efectivo el derecho al libre acceso ciudadano a la información pública y transparen­cia. Este logro fue fundamental para el fortalecimiento de la democracia paraguaya, para avanzar hacia un país más transparente, porque es la herramienta que faculta a los ciuda­danos conocer cómo se gestionan los recursos públicos del Estado, posibi­litando a esa ciudadanía combatir la corrupción.

A la ciudadanía le llama poderosamente la atención que el actual director para­guayo de Yacyretá y ex presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, quien permanentemente habla de la defensa de la democracia, de la trans­parencia en el Estado, construya todo tipo de argucias para eludir la entrega de la información detallada sobre el uso de los gastos en publicidad e inversiones sociales. Su postura colisiona frontal­mente con la Constitución Nacional y la Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública, viola el derecho constitucional de acceso a la informa­ción pública. Además, levanta suspi­cacias respecto del uso que se dio a ese dinero del Estado paraguayo.

El desgastado recurso lírico que la naturaleza de las binacionales las vuelve entidades extraterrenales, alejadas del control ciudadano, es el discurso de la vieja forma de hacer política, de las desfasadas formas de administrar las instituciones estata­les, son formas que se quedaron en el tiempo, los Estados modernos apues­tan por una gestión pública eficiente y transparente, estos conceptos no le son ajenos al ex presidente Duarte Frutos.

El pasado viernes 12 de febrero, desde el Grupo Nación se presentó un recurso de amparo constitucional ante el Poder Judicial para que la EBY entregue información pública solicitada por el diario La Nación. En octubre del 2020 periodistas del medio de comunicación solicitaron a las autoridades de la EBY el detalle de sus gastos en publicidad e inversiones sociales, haciendo uso de los mecanismos constitucionales y legales implementados para tal efecto por el Estado paraguayo. Tras la nega­tiva por varios meses, la propia Direc­ción de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia dictaminó que conforme a lo estipulado en la Ley 5282/2014, en su artículo N° 2, lite­ral i, la usina en cuestión es fuente de información pública, por lo que “los representantes, directores y conseje­ros paraguayos de estas reparticiones públicas deberán garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas a solicitar y recibir información pública de las mismas”.

Hasta el momento se sabe que unos US$ 70 millones fueron repartidos por la Entidad Binacional Yacyretá a cargo de Nicanor Duarte Frutos, por medio de las transferencias sociales, según se recabó del portal de la entidad. Lo que no se sabe es cómo se gastó, a cuánto se compró, los contratistas y los beneficia­rios de muchos de los programas socia­les que financia la binacional. Estos detalles son de suprema importancia para el control ciudadano del buen uso de los recursos del Estado.

Ante la violación de la ley, finalmente el caso fue judicializado, está en manos de los operadores de Justicia que las insti­tuciones del Estado paraguayo cumplan el derecho constitucional de la ciuda­danía a la información pública, la ley es clara y no hay cabida para más argucias que pretendan tapar eventuales mane­jos poco claros con el dinero de la gente. El que nada debe nada teme, pero, sobre todo, es importante que lo público sea público, esto es saludable para afianzar la democracia paraguaya, para avan­zar en la construcción de un Estado moderno con una gestión pública efi­ciente y transparente.