El Ministerio de Hacienda indicó que insistirá en la aplicación de medidas para la racionalización del gasto público y no transferirá fondos para los aumentos de salarios de funcionarios que se autorizaron sin concurso público. Así lo dijeron fuentes de dicha cartera luego de conocerse ayer el decreto que reglamenta la ley de presupuesto para este año. La norma incluye incrementos de desembolsos muy por encima de lo que había planteado inicialmente el Poder Ejecutivo, y gran parte de esas alzas se pagarán con dinero obtenido mediante un mayor endeudamiento del Gobierno.
Funcionarios de la cartera fiscal dieron a entender que con el decreto reglamentario se pretende impedir la aplicación de muchos de los aumentos establecidos en la ley para diversas actividades e instituciones. Con un buen crecimiento económico y mayores recaudaciones fiscales se pretende este año superar el mal momento que se vivió en el 2020 a raíz de la emergencia sanitaria. Aunque mucho depende de la evolución de la enfermedad durante este año.
Al salir de una entrevista con el presidente de la República, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, manifestó ayer a los periodistas que las perspectivas económicas para este año son positivas. Recordó que hay sectores, como la agricultura y la construcción, que tienen excelente desenvolvimiento y que además las recaudaciones fiscales van mejorando, por lo que era de esperar un buen año económico. Apuntó que a raíz del impulso positivo que se está notando en varios sectores, el producto interno bruto puede crecer este año 4%. Explicó que todo depende del desarrollo de la pandemia y que si permanece bajo control, sin duda se llegarán a los buenos números que se están pronosticando.
Recordó que en el presupuesto aprobado para este año se tienen previstos los recursos para enfrentar los gastos de Salud Pública, como la incorporación de mayor cantidad de personal de blanco, mantenimiento, infraestructura, la compra de las vacunas contra el covid-19 y otras erogaciones similares. Aunque reconoció que si la situación sanitaria empeora, habrá que ver cómo encararla en materia financiera. En ese sentido reconoció que actualmente se está ante un escenario incierto.
El decreto que reglamenta el presupuesto actual establece normas para frenar gastos superfluos, restricciones para contratación de personal, aumentos y otras erogaciones similares. La idea básica del documento es contener los desbordes en los gastos denominados rígidos que se autorizaron en el Congreso. La postura de Hacienda es que no va a reconocer los aumentos salariales que no se hayan realizado mediante concurso previo. El argumento es que la Ley de la Función Pública establece el procedimiento mencionado y que se ceñirán a sus disposiciones. Aunque para los incrementos salariales concedidos por la Cámara de Senadores a su personal no correrá la obligación del concurso previo, ya que incluyeron en la ley de presupuesto un artículo que permite hacerlo sin ese requisito. El alza prevista por la mencionada cámara para su personal es de 13.700 millones de guaraníes, que tendrá que ser provisto por el Tesoro, ya que el Poder Legislativo no tiene ingresos propios.
Otros incrementos que contempla la ley presupuestaria es la creación de 2.700 cargos para el IPS, pago de bonificaciones para funcionarios del Registro Civil, equiparación salarial para empleados de Salud Pública, además de recursos para atender el crecimiento vegetativo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
El total previsto en la ley de presupuesto estatal para este año es de 92,26 billones de guaraníes, debido al aumento incluido en las cámaras legislativas al proyecto de 85,79 billones de guaraníes presentado por el Poder Ejecutivo. Para hacer frente a las erogaciones, el Estado deberá prestar dinero por 17,4 billones de guaraníes debido a sus insuficientes ingresos.
Por ello todas las medidas que se adopten para contener los excesivos gastos del Estado serán pocas. Porque el derroche es estructural y conspira contra el equilibrio de las finanzas públicas.
Pero a pesar de las declamaciones oficiales de que se recortarán los gastos, el presupuesto del 2021 prevé un 6,8% más de erogaciones de lo que establecía el del 2020. Y en lugar de avanzar en la disminución de desembolsos que no reportan utilidad, los números muestran que continuará el despilfarro.