El Ministerio de Hacienda indicó que insistirá en la aplicación de medidas para la racionalización del gasto público y no transfe­rirá fondos para los aumentos de salarios de funcionarios que se autorizaron sin concurso público. Así lo dijeron fuentes de dicha cartera luego de conocerse ayer el decreto que reglamenta la ley de presu­puesto para este año. La norma incluye incrementos de desembolsos muy por encima de lo que había planteado inicial­mente el Poder Ejecutivo, y gran parte de esas alzas se pagarán con dinero obtenido mediante un mayor endeudamiento del Gobierno.

Funcionarios de la cartera fiscal dieron a entender que con el decreto reglamenta­rio se pretende impedir la aplicación de muchos de los aumentos establecidos en la ley para diversas actividades e institucio­nes. Con un buen crecimiento económico y mayores recaudaciones fiscales se pre­tende este año superar el mal momento que se vivió en el 2020 a raíz de la emer­gencia sanitaria. Aunque mucho depende de la evolución de la enfermedad durante este año.

Al salir de una entrevista con el presidente de la República, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, manifestó ayer a los periodistas que las perspectivas económi­cas para este año son positivas. Recordó que hay sectores, como la agricultura y la construcción, que tienen excelente des­envolvimiento y que además las recauda­ciones fiscales van mejorando, por lo que era de esperar un buen año económico. Apuntó que a raíz del impulso positivo que se está notando en varios sectores, el pro­ducto interno bruto puede crecer este año 4%. Explicó que todo depende del desa­rrollo de la pandemia y que si permanece bajo control, sin duda se llegarán a los bue­nos números que se están pronosticando.

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Recordó que en el presupuesto apro­bado para este año se tienen previstos los recursos para enfrentar los gastos de Salud Pública, como la incorpora­ción de mayor cantidad de personal de blanco, mantenimiento, infraestructura, la compra de las vacunas contra el covid-19 y otras erogaciones similares. Aunque reconoció que si la situación sanitaria empeora, habrá que ver cómo encararla en materia financiera. En ese sentido recono­ció que actualmente se está ante un esce­nario incierto.

El decreto que reglamenta el presupuesto actual establece normas para frenar gas­tos superfluos, restricciones para con­tratación de personal, aumentos y otras erogaciones similares. La idea básica del documento es contener los desbor­des en los gastos denominados rígidos que se autorizaron en el Congreso. La postura de Hacienda es que no va a reco­nocer los aumentos salariales que no se hayan realizado mediante concurso pre­vio. El argumento es que la Ley de la Fun­ción Pública establece el procedimiento mencionado y que se ceñirán a sus dis­posiciones. Aunque para los incremen­tos salariales concedidos por la Cámara de Senadores a su personal no correrá la obligación del concurso previo, ya que incluyeron en la ley de presupuesto un artículo que permite hacerlo sin ese requisito. El alza prevista por la men­cionada cámara para su personal es de 13.700 millones de guaraníes, que tendrá que ser provisto por el Tesoro, ya que el Poder Legislativo no tiene ingresos pro­pios.

Otros incrementos que contempla la ley presupuestaria es la creación de 2.700 cargos para el IPS, pago de bonificacio­nes para funcionarios del Registro Civil, equiparación salarial para empleados de Salud Pública, además de recursos para atender el crecimiento vegetativo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El total previsto en la ley de presupuesto estatal para este año es de 92,26 billones de guaraníes, debido al aumento incluido en las cámaras legislativas al proyecto de 85,79 billones de guaraníes presentado por el Poder Ejecutivo. Para hacer frente a las erogaciones, el Estado deberá pres­tar dinero por 17,4 billones de guaraníes debido a sus insuficientes ingresos.

Por ello todas las medidas que se adop­ten para contener los excesivos gastos del Estado serán pocas. Porque el derroche es estructural y conspira contra el equilibrio de las finanzas públicas.

Pero a pesar de las declamaciones oficiales de que se recortarán los gastos, el presu­puesto del 2021 prevé un 6,8% más de ero­gaciones de lo que establecía el del 2020. Y en lugar de avanzar en la disminución de desembolsos que no reportan utilidad, los números muestran que continuará el despilfarro.

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