En un loable acto de sinceridad, poco común en las esferas polí­ticas y escaso en los sectores gubernamentales, el ministro asesor político del presidente de la Repú­blica, Daniel Centurión, reconoció el fra­caso de la política comunicacional de esta administración gubernamental. Admitió que ese hecho es uno de los puntos flojos del Gobierno por las falencias del orga­nismo público encargado, lo que hace, según dijo, que no se conozcan las verda­des estatales y que lo falso y contaminado se instale en la opinión pública como ver­dad. Consignó que por ello no existe poder de reacción desde el Gobierno central en materia comunicacional.

Textualmente afirmó “Reconocemos, y se lo dije al presidente de la República, esta­mos aplazados en cuestión comunicacio­nal. Tenemos un ministerio que, lastimosa­mente, no es soporte de comunicación…”.

Más adelante precisó la situación con más énfasis, consignando: “Evidentemente, algo está mal, y yo lo digo de manera pri­vada y pública: Estamos absolutamente aplazados en materia de comunicación”. El funcionario utilizó la palabra aplazar en el sentido paraguayo de la palabra: obtener mala nota en un examen. Lo hizo en el pro­grama “Fuego Cruzado” que se emite por el canal GEN.

El asesor de la Presidencia habló con una franqueza no frecuente en los altos expo­nentes del poder, de la corrupción impe­rante entre funcionarios del Gobierno, señalando que existe la corrupción porque hay impunidad. Agregó que no escucha un generador de opinión que ponga el fardo de la corrupción sobre el sistema de Justicia, y que se pretende cargar toda la responsa­bilidad al Gobierno central olvidando a los organismos judiciales existentes.

Con estas declaraciones el alto funciona­rio admitió una de las mayores falencias de la administración actual, que, por el bien del país, no solo por la imagen del Gobierno, merece una urgente corrección. Las per­sonas e instituciones cometen equivoca­ciones, pero aparte de reconocerlas como reales tienen la obligación de hacer los correctivos necesarios para enmendar lo que está mal.

La mala calificación en comunicación tiene que solucionar el Gobierno estableciendo una política adecuada para hacer saber su pensamiento y acciones. No para reali­zar propaganda política, sino para infor­mar debidamente a la ciudadanía de los hechos que interesan a la comunidad. Para ello debe poner en marcha los mecanis­mos ya existentes y continuar la experien­cia de otras administraciones que realiza­ron trabajos informativos de relativo éxito. La comunicación es el acto de intercam­biar informaciones con el propósito de dar o recibir noticia de hechos y opiniones de variada índole. Y la política de comunica­ción es el conjunto de pautas y líneas que se utilizan para canalizar las informacio­nes de acuerdo con los criterios y líneas de acción de una persona o entidad determi­nada. A través de ella se dictan las normas de lo que se desea comunicar, cómo hacerlo y mediante qué medios.

Una de las principales equivocaciones de esta administración fue poner de lado la importancia de la comunicación pública como un valor decisivo de la democracia. Lo hizo creando una ley en que se fusiona­ban la Secretaría de Comunicación (Sicom) y la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (Senatics), con el nombre de Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), porque las tecnologías de información se utilizan para comunicar. Sin bien subsisten las anteriores secretarías, como la Sicom, al sacarle el protagonismo y el peso que tenía, se desvirtuó su función primordial como encargada de la política comunicacional.

El Gobierno debe comprender que no basta con charlas ocasionales con algunos perio­distas. Hace falta una política de informa­ción con temas y énfasis gubernamentales respondiendo a una dirección determinada sobre los asuntos que interesan a la ciuda­danía. Para lo cual se deben poner en mar­cha estrategias de comunicación que vin­culen al Estado y la sociedad en la tarea del diálogo social imprescindible. Si los gober­nantes son elegidos por el pueblo, lo más lógico es que su política de comunicación tenga como fin responder a los interrogan­tes y las inquietudes de la comunidad a la que se deben.

La cruda verdad asumida por el asesor pre­sidencial debe ser el punto de partida para rectificar la tarea del Gobierno en materia de comunicación. Así como ha corregido otros errores, como en el área económica, por ejemplo, donde el último año realizó inversiones de gran porte para resarcirse de sus equivocaciones iniciales.