Para el 2021 se espera que sean menos intensos desde los poderes Ejecutivo y Legislativo a la hora de facilitar más préstamos o nuevas reformas tributarias, creación de nuevas reparticiones administrativas, repartija de recursos por chantaje, entre otros gastos que pueden ser aplazados porque no gozan de prioridad; puesto que de nada sirve acrecentar los ingresos en las arcas del Estado si continúan con el despilfarro indiscriminado de dichos recursos. El país necesita que la cabeza del Gobierno Nacional gaste mejor el dinero de los contribuyentes, se requiere un análisis fino para invertir más en sectores verdaderamente prioritarios –como salud y educación– o administrar mejor en otros, y en los restantes ir cerrando la canilla.
Se espera que con prontitud desde el Ministerio de Hacienda entreguen al Ejecutivo la reglamentación de la Ley 6622 “Que establece medidas de racionalización del gasto público”. Con la aplicación de este cuerpo legal –aprobado por el Congreso el 26 de octubre del año pasado– se lograrían ahorros significativos. Esta legislación impide que la remuneración de los funcionarios públicos supere la del presidente de la República, que es actualmente de G. 37 millones. Asimismo, niega a las máximas autoridades y a sus miembros colegiados el cupo de combustible y el servicio de telefonía corporativa.
Además, limita la contratación de un seguro médico privado para las altas autoridades y sus miembros colegiados, de las cámaras del Congreso, Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, entre otros. En este rubro, técnicos de Hacienda calculan estimativamente que de cumplirse la ley y su reglamento habría un ahorro mínimo de G. 2.568.000.000 (US$ 12.727.272).
Igualmente, se prohíben los gastos en publicidad oficial para los medios masivos de comunicación, siendo las excepciones la publicación de edictos, llamados a licitaciones y concursos de ofertas, campañas de sensibilización y concienciación vinculadas a salud pública, educación, procesos electorales y promoción de productos y servicios de empresas del Estado en el mercado local.
Sin embargo, de lo planteado en la ley de racionalización del gasto público aún hay más cosas por considerar. Como frenar el “aumentazo” de salarios que se autoasignaron los senadores en cerca de G. 14 mil millones, un claro mensaje en contra del clamor ciudadano de reducir los gastos. También se deben revisar las nuevas contrataciones de seguro médico sanatorial y, en algunos casos, odontológicos. Limitar el ingreso de más burócratas a la función pública, salvo los estrictamente necesarios y bajo un verdadero sistema de concurso, entre otros recortes obligatorios.
Las autoridades del Ministerio de Hacienda prometieron que, en el presente ejercicio fiscal, se aplicará un plan de gastos austero y rígido, lo que supondría un importante ahorro superior a los US$ 140 millones, gracias a recortes de gastos no prioritarios que tiene pensado hacer la actual administración.
Se espera que en materia de mejora del gasto el Gobierno implemente una política de largo plazo y trace una senda en el ámbito de las compras públicas, la carrera administrativa de los funcionarios y sobre el tope del déficit. A fin de que estas reformas apuntalen la estabilidad macroeconómica del país y optimicen la prestación de servicios públicos.
El presidente de la República, Mario Abdo, tiene el compromiso de cumplir sus funciones constitucionales, entre ellas la de liderar en la presente coyuntura la ejecución de un gasto austero, que ayude a retomar prontamente el equilibrio fiscal, a sanear la deuda pública y encender los motores de la reactivación económica. El Ministerio de Hacienda es el administrador del dinero de los contribuyentes y el Ejecutivo debe estar vigilante para que la administración de los recursos sea correcta y que cumpla con las promesas de mejorar el gasto público.