Para el 2021 se espera que sean menos intensos desde los poderes Ejecutivo y Legis­lativo a la hora de facilitar más préstamos o nuevas reformas tri­butarias, creación de nuevas repar­ticiones administrativas, repartija de recursos por chantaje, entre otros gastos que pueden ser aplazados por­que no gozan de prioridad; puesto que de nada sirve acrecentar los ingresos en las arcas del Estado si continúan con el despilfarro indiscriminado de dichos recursos. El país necesita que la cabeza del Gobierno Nacional gaste mejor el dinero de los contribuyentes, se requiere un análisis fino para inver­tir más en sectores verdaderamente prioritarios –como salud y educación– o administrar mejor en otros, y en los restantes ir cerrando la canilla.

Se espera que con prontitud desde el Ministerio de Hacienda entreguen al Ejecutivo la reglamentación de la Ley 6622 “Que establece medidas de racio­nalización del gasto público”. Con la apli­cación de este cuerpo legal –aprobado por el Congreso el 26 de octubre del año pasado– se lograrían ahorros significati­vos. Esta legislación impide que la remu­neración de los funcionarios públicos supere la del presidente de la República, que es actualmente de G. 37 millones. Asimismo, niega a las máximas auto­ridades y a sus miembros colegiados el cupo de combustible y el servicio de tele­fonía corporativa.

Además, limita la contratación de un seguro médico privado para las altas autoridades y sus miembros cole­giados, de las cámaras del Congreso, Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuicia­miento de Magistrados, entre otros. En este rubro, técnicos de Hacienda calcu­lan estimativamente que de cumplirse la ley y su reglamento habría un aho­rro mínimo de G. 2.568.000.000 (US$ 12.727.272).

Igualmente, se prohíben los gastos en publicidad oficial para los medios masi­vos de comunicación, siendo las excep­ciones la publicación de edictos, llama­dos a licitaciones y concursos de ofertas, campañas de sensibilización y concien­ciación vinculadas a salud pública, edu­cación, procesos electorales y promoción de productos y servicios de empresas del Estado en el mercado local.

Sin embargo, de lo planteado en la ley de racionalización del gasto público aún hay más cosas por considerar. Como fre­nar el “aumentazo” de salarios que se autoasignaron los senadores en cerca de G. 14 mil millones, un claro mensaje en contra del clamor ciudadano de reducir los gastos. También se deben revisar las nuevas contrataciones de seguro médico sanatorial y, en algunos casos, odontoló­gicos. Limitar el ingreso de más burócra­tas a la función pública, salvo los estric­tamente necesarios y bajo un verdadero sistema de concurso, entre otros recor­tes obligatorios.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda prometieron que, en el pre­sente ejercicio fiscal, se aplicará un plan de gastos austero y rígido, lo que supon­dría un importante ahorro superior a los US$ 140 millones, gracias a recortes de gastos no prioritarios que tiene pensado hacer la actual administración.

Se espera que en materia de mejora del gasto el Gobierno implemente una polí­tica de largo plazo y trace una senda en el ámbito de las compras públicas, la carrera administrativa de los fun­cionarios y sobre el tope del déficit. A fin de que estas reformas apuntalen la estabilidad macroeconómica del país y optimicen la prestación de servicios públicos.

El presidente de la República, Mario Abdo, tiene el compromiso de cumplir sus funciones constitucionales, entre ellas la de liderar en la presente coyun­tura la ejecución de un gasto austero, que ayude a retomar prontamente el equi­librio fiscal, a sanear la deuda pública y encender los motores de la reactivación económica. El Ministerio de Hacienda es el administrador del dinero de los con­tribuyentes y el Ejecutivo debe estar vigilante para que la administración de los recursos sea correcta y que cum­pla con las promesas de mejorar el gasto público.