El obispo de Caacupé ha decidido que este año tanto las liturgias del novenario como la fiesta principal de la Virgen, del 8 de diciembre, se realizarán en el recinto cerrado del santuario, sin la participa­ción presencial de los fieles. Por lo tanto, invitó a los feligreses a no realizar despla­zamientos físicos hasta la capital serrana y a participar de las celebraciones religio­sas desde sus respectivos hogares a través de los diversos medios de comunicación, como radio, televisión y redes sociales.También mencionó que el Pozo de la Virgen, sitio habitualmente muy visitado y desde donde se lleva agua bendita, estará temporal­mente cerrado, “ya que es muy difícil estable­cer el cumplimiento de las medidas sanita­rias en ese lugar”.

En el comunicado leído por los medios, el pre­lado pidió a todos los peregrinantes de todas las edades, en especial a los adultos mayo­res y a los que no tienen buenas condiciones de salud, que permanezcan en sus casas y no vayan a Caacupé. “Pastorear las peregrina­ciones en condiciones normales es difícil. En pandemia es una tarea casi imposible”, reco­noce el obispo. Por lo que pide la compren­sión y colaboración, pues se necesita “seguir cuidando la salud de todos los fieles y de las personas que colaboran en la pastoral, la seguridad y la atención sanitaria”. La sorpre­siva determinación del obispo de Caacupé tiene el respaldo de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), cuyos miembros mostra­ron su acuerdo con la decisión del titular de esta diócesis.

La medida también ha caído bien en las esferas del Gobierno donde existe la fuerte preocupación porque la pandemia pudiera expandirse fuertemente en las grandes aglo­meraciones sociales, como las que habitual­mente se dan durante la festividad mariana. Para Salud Pública puede representar un dolor de cabeza menos, aunque falta deter­minar quién se encargará de frenar a la gente que a pesar de la medida eclesiástica quiera peregrinar hasta Caacupé.

A pesar de que el nivel de contagios y el número de fallecidos por covid-19 han bajado levemente con relación a los picos alcanzados en meses anteriores, en promedio se man­tienen aún altos. La enfermedad continúa haciendo estragos en la población y el relajo de la conducta social constituye un deto­nante muy peligroso, que puede traer conse­cuencias muy desagradables.

Estos son elementos que deben convencer a las autoridades nacionales de que no se puede seguir descuidando la vigilancia del cumpli­miento de las normas sanitarias, como ha venido ocurriendo, aunque ahora no se vayan a hacer las peregrinaciones de masa al san­tuario mariano. Y está por verse si los habi­tuales peregrinantes dejarán de concurrir a Caacupé por pedido del prelado local.

Como máxima autoridad jurídica en la con­ducción del país, el Gobierno es el encargado de tomar las medidas para que se realicen los controles del comportamiento del grupo de gente que intranquiliza con su indisciplina a las autoridades sanitarias. Si hasta ahora no ha encarado la vigilancia que impida los des­bordes, es el momento de que tome las medi­das necesarias para no permitir situaciones extremas que lamentar.

La petición de la Iglesia de que la gente no concurra a la capital cordillerana en estas fiestas es una oportunidad para que las autoridades nacionales tomen las medidas necesarias, con la energía y prudencia que requiere la convivencia social. Las autorida­des de Salud deben dejar de quejarse contra la indisciplina social como si fuera algo que no les incumbe y deben ejercer la vigilancia que se requiere para disciplinar la conducta de los más díscolos, en aras de la situación sanitaria y la seguridad de las mayorías del país.

En esa tarea, los ministerios de Salud Pública y del Interior deben trabajar de manera con­junta y de una vez por todas abocarse a reali­zar el control del cumplimiento de los proto­colos sanitarios.

La autoridad eclesiástica ha tomado una acertada medida en aras de la salud de sus feligreses. Este hecho facilitará la tarea de las autoridades sanitarias que no tendrán otro frente de batalla más. Pero eso no implica que el Gobierno no deba ejercer la necesaria vigilancia ante el relajo de las conductas. No corresponde quejarse sin hacer nada efectivo para frenar la indisciplina. Hay que ponerse manos a la obra y actuar.