Obligado por la emergencia que se vive y debido a la fuerte caída de las recaudaciones fis­cales, el Gobierno se ha visto forzado a recortar los gastos improduc­tivos para el 2021 tal como se propone en el proyecto de presupuesto general que se estudia actualmente en el Congreso. El documento contempla eliminar algu­nas erogaciones que son habituales en la estructura financiera estatal. Entre las reducciones más importantes están la disminución de asignaciones al perso­nal, pagos extras por diversos conceptos, medidas que ya se habían adoptado este año en la ley que se promulgó con motivo de la emergencia económica.

Voceros del Gobierno explicaron reciente­mente que el monto que se espera ahorrar con los recortes a los beneficios económi­cos de los funcionarios del Estado estaría por encima de 1 billón de guaraníes, que expresado en la moneda estadounidense ascendería a 150 millones de dólares. Para ello restringirán los pagos de subsidios y subvenciones varias, además de reducir las remuneraciones adicionales. En el proyecto de presupuesto se prevé además no llenar los cargos vacantes para 650 personas.

Otras medidas de ahorro proyectadas para el año entrante son cortar los gastos rela­cionados a pasajes, viáticos, combustibles, lubricantes y afines. Tampoco se podrán adquirir nuevos vehículos para los organis­mos del Estado, de acuerdo con las dispo­siciones establecidas en el proyecto de ley. Según explicó el ministro de Hacienda, las medidas de austeridad responden a la reali­dad de los ingresos tributarios, puesto que la reducción de los mismos será de 8,2% comparado con lo que se estima percibir este año. Dijo que el presupuesto del 2021 será menor al establecido para este año y similar al del 2018.

En materia de gastos corrientes, se quiere reducir 6.000 millones de guaraníes en salarios y 1 mil millones de guaraníes en transferencias.

A pesar de las medidas de austeridad anun­ciadas por el ministro de Hacienda, las cifras destinadas al gasto salarial se redu­cirán solo en un 2% debido a la rigidez del presupuesto público, ya que no se pueden tocar muchas asignaciones, de acuerdo con la opinión de los funcionarios. Los técni­cos explicaron que no se pueden hacer más recortes en materia de remuneraciones, porque el 75% del dinero destinado para salarios es para los empleados de la educa­ción, de la salud, fuerzas armadas y policia­les, sectores en los que no se recomienda realizar podas. Solo el 25% restante es para los empleados del área administrativa.

El propio secretario de Estado aclaró que los programas de contención social, salud y educación no se verán afectados por los recortes, lo mismo que los destinados a las inversiones que ejecutará el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En materia de gastos sociales, el proyecto del Gobierno contempla destinar el año entrante una fuerte suma a diversas áreas de protección a las personas. El 64% de esos fondos iría a programas de integración, el 22% a actividades de previsión social y el 3% a planes varios de inserción.

Actualmente el Estado administra varios tópicos de inversiones sociales, que bene­fician a 214.000 personas con las pensio­nes a adultos mayores que reciben transfe­rencias monetarias y a 165.000 familias en situación de pobreza que son atendidas a través del programa Tekoporã.

De acuerdo con los datos dados a cono­cer por el Gobierno, esta obligada auste­ridad hará que por primera vez en mucho tiempo el Estado comience a hacer lo que se le reclama desde el sector privado, que eli­mine los desembolsos inservibles, que achi­que su estructura paquidérmica y que las recaudaciones se utilicen para hacer inver­siones y no para erogaciones que no redun­dan en beneficio del país, como salarios, pagos adicionales y otros gastos que for­man parte de los despilfarros habituales.

Lo positivo, y que hay que rescatar, es que el proyecto de presupuesto no prevé incre­mentar los gastos totales y que, por otro lado, disminuirá una parte de las erogaciones más cuestionadas en los gastos corrientes.

Es de esperar que este intento de ahorro que se proyecta en esta ocasión lo man­tengan los legisladores en la ley y que sea el comienzo del proceso de achicamiento del Estado que se viene reclamando desde hace tiempo.