El Gobierno tiene una semana para presentar al Congreso el proyecto de ley del Presu­puesto General de la Nación que regirá la marcha del país durante el año venidero. Como la ley de presu­puesto es la norma que define el rumbo económico que tendrá la nación, el docu­mento en preparación ya tiene definido lo que será el Paraguay en el 2021. Según se perfila, será un país más pobre, tendrá menos recaudaciones fiscales y el funcio­namiento del aparato estatal demandará más gastos para hacer frente a los reque­rimientos de la emergencia que se vive. Y como no va a recaudar suficientes recur­sos para hacer frente a sus erogaciones, tiene previsto seguir endeudándose, con la novedad de ir “bicicleteando” para adelante las soluciones de fondo.

Aunque los funcionarios de algunos sectores del Gobierno, como los del Poder Ejecutivo, ganarán menos por los recortes que se man­tienen, otros continuarán con sus ingre­sos inamovibles, como los empleados del Poder Legislativo y el Judicial, además de las empresas públicas que manejan sus propios ingresos. El Gobierno central hará recor­tes especiales en sus gastos corrientes, pero, aunque demuestran un afán de austeridad, todo permanecerá igual porque la estruc­tura estatal seguirá inamovible con su abul­tado presupuesto salarial.

Datos proveídos por voceros del Ministe­rio de Hacienda indican que el proyecto de presupuesto para el 2021 tiene previsto un recorte general del 15% con relación al actualmente vigente, en tanto que la previ­sión de recaudaciones también será inferior, pues se estima que se podrá percibir cifras similares a las del 2018. El piso previsto en materia impositiva es recaudar 23,1 billo­nes de guaraníes. Y, como es habitual en la estructura tributaria, el principal impuesto recaudador será el IVA, una imposición indirecta que pagan todos los consumido­res, en tanto que los impuestos directos, que gravan la ganancia de las empresas y per­sonas, estarán muy por detrás. Otro deta­lle importante anunciado por los voceros de Hacienda es que el proyecto de presu­puesto mantiene las restricciones inclui­das en la Ley de Emergencia. Una de las principales medidas es que no se contem­plan aumentos salariales y el gasto corriente no tendrá incrementos. Tampoco se harán nuevas contrataciones ni nombramientos de empleados públicos. Se mantiene la sus­pensión de los pagos de beneficios salariales especiales como subsidio familiar y subven­ciones adicionales que recibían los emplea­dos públicos. En materia de endeudamiento, hasta la semana pasada no había aún cifras finales, pues todavía no se había decidido cuántos préstamos nuevos se gestiona­rán ni a qué montos ascenderán los bonos que se emitan. Aunque uno de los técnicos de la cartera fiscal mencionó que podrían emitirse bonos hasta por 600 millones de dólares. Esta suma se utilizaría principal­mente para hacer frente a los compromisos para pagar la deuda y algunos proyectos de inversión pública que están en la agenda del Gobierno, sobre todo para articular el Plan de Reactivación Económica.

Desde el punto de vista presupuestario, el Estado paraguayo se verá achicado, ya que no prevé ningún crecimiento, pero no porque esté encarando alguna reforma administrativa sino porque la crisis le impide seguir despilfarrando como lo venía haciendo. Mientras tanto, si no hay sorpre­sas, este año el fisco recaudará 600 millones de dólares menos de lo previsto, lo que, por extensión, repercutirá negativamente en sus finanzas del año venidero.

Este nuevo escenario hace más necesario que nunca plantear una profunda rees­tructuración del Estado, que lo haga más pequeño, con menos entidades, con menor cantidad de gastos corrientes y que pueda incrementar sus ingresos mediante la efi­ciencia de los organismos recaudadores. Aunque cuando se habla de recaudar más siempre se señala la necesidad de contar con alguna reforma tributaria, este no es el momento de ninguna medida que implique aumentar las tasas impositivas o crear nue­vos tributos. El Estado debe eliminar algu­nas exenciones y disminuir drásticamente la evasión impositiva persiguiendo con fuerza a la economía informal y el contrabando. Teniendo en cuenta que la evasión imposi­tiva supera el 30%, con reducirla a la mitad ya se habrá tenido un importante aumento en los ingresos fiscales. Los tiempos de cri­sis suelen ser propicios para las decisiones valientes, por lo que este es el momento que se debe aprovechar para encarar las solucio­nes a nuestros crónicos problemas.