La preferencia por los produc­tos de factura nacional en las compras públicas es una práctica habitual en la mayo­ría de los países más adelantados del mundo. A raíz de ello han podido desa­rrollar su industria y su competitividad para entrar en el mercado internacio­nal a competir en calidad y precio con los productos de otras naciones. Porque se parte de un razonamiento elemen­tal: si uno no valora suficientemente lo suyo, cómo podría pretender que en el mercado externo se le dé valor a lo que se menosprecia en la propia casa.

El tema no es simple, porque tienen fun­damentos también los que piensan dife­rente y pregonan el dogma de la libre competencia a ultranza. Aunque en los hechos prácticos los grandes proclama­dores de la libre empresa, la sana com­petencia y afines, se cuiden muy bien de proteger su mercado a la hora del ingreso de mercaderías de origen foráneo, a veces hasta con un proteccionismo exa­gerado. Eso ha dado pie a numerosos acuerdos comerciales internacionales en que diferentes países o grupos de nacio­nes han establecido la libre circulación de productos y servicios en su territorio a cambio de las mismas aperturas de la otra parte, por razones de mutua con­veniencia. Pero nunca han ido ni irán contra sus propios y legítimos intereses nacionales.

La experiencia demuestra que todas las exageraciones son insostenibles. Por eso la crónica de las últimas décadas ha sido la historia de negociaciones para limar asperezas en que las más diferentes naciones con las ideologías más diver­sas se han puesto de acuerdo en el libre comercio, con limitaciones y reglas que las favorecen.

A raíz de la decisión del Gobierno de vetar la ley aprobada por ambas cáma­ras del Congreso que eleva la preferencia del 20% al 40% en las compras estatales para los productos de origen paraguayo para proteger la manufactura nacional se ha suscitado una fuerte discusión con el gremio manufacturero del país.

Los industriales se quejan de que el Gobierno no tiene interés en promover políticas públicas de desarrollo indus­trial y recuerdan que en la mayoría de los países en el presupuesto público los Estados dan preferencias en sus com­pras a los artículos nacionales para desa­rrollar su industria y mejorar los niveles de competitividad y empleo. Han dicho que con esta decisión se está minando la confianza en la producción nacional y se está boicoteando a uno de los sectores que trabaja por el país y que proporciona miles de puestos de trabajo permanentes para los paraguayos.

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) señaló que invocar la libre competencia para justificar el veto es insostenible. Y se pregunta: “¿Es igualdad de oportuni­dades importar manufacturas extran­jeras protegidas por sus gobiernos para competir con una industria local que, a su vez, debe importar materias primas para producir a precios que no podrían competir con los productos extranje­ros?”. Uno de los voceros de la entidad dijo que el Estado es el mayor compra­dor y que por ello es un jugador impor­tante en el desarrollo industrial del país. Citando a los países llamados tigres asiáticos, enfatizó que esas naciones crecieron y son ahora importantes en el mundo gracias a la protección de su industria.

Los voceros gubernamentales dijeron que la preferencia no hubiera ayudado a las pequeñas y medianas industrias y se hubiera prestado a que en las licitaciones se acordaran precios elevados mediante concertaciones tramposas de los oferen­tes nacionales. Agregaron que iría contra los acuerdos internacionales concerta­dos por el país, muchos de los cuales aún no están vigentes, y que por eso optaron por el veto.

Nadie podría acusar a los Estados Uni­dos de América ni a la Unión Europea de estar en contra del libre comercio, porque son naciones que hacen culto de todas las formas de libertad. Pero a la hora de importar artículos de otros países o de grupos ajenos al suyo salen a relucir los impuestos y trabas para pre­cautelar sus beneficios. De hecho, no existe la libertad absoluta sino en la teo­ría y en la imaginación de los idealistas.

La discusión planteada entre el Gobierno y la UIP es interesante, pues forma parte del debate en una democra­cia. Pero no se puede dejar de reconocer que hay poderosas razones de interés nacional para apoyar a la industria local.