Es un buen augurio para todos haber iniciado la fase tres. Si bien las cifras de los contagia­dos no son alarmistas, estas son suficientes para recordarnos que aún es alto el riesgo de contagio y que un des­cuido masivo puede comprometer seria­mente la frágil estabilidad de nuestro sis­tema sanitario, el cual hasta el momento no colapsó porque la gran mayoría de los casos están confinados en los alber­gues o en sus domicilios. El personal de blanco apenas podría sostener una oleada de contagios por no más de pocas sema­nas gracias a las donaciones realiza­das por diferentes gobiernos amigos, las binacionales, organismos solidarios del exterior y de nuestro país. Es aquí donde surgen inquietudes, porque nuestro sis­tema sanitario se está manejando con las donaciones en un 90%, teniendo un pre­supuesto asignado por ley que supera los 500 millones de dólares.

Al inicio de la crisis sanitaria, el Congreso Nacional le entregó al Gobierno recursos que debían ser destinados a enfrentar la contingencia causada por la pandemia, más de la cuarta parte de ese monto se destinó al Ministerio de Salud para que con la urgencia del caso adquiera los equi­pos e insumos hospitalarios necesarios para enfrentar la pandemia del covid-19. Sin embargo, la compra resultó con serios visos de negociado, hechos que son inves­tigados por el Ministerio Público y hasta el momento revelan la existencia de un contubernio con las empresas adminis­tradas por el denominado clan Ferreira para la venta de insumos supuestamente de dudosa calidad.

Durante los más de 90 días de cuarentena que sobrellevamos, médicos y enferme­ras de diferentes centros asistenciales del país se quejaron casi a diario de la falta de insumos para atender a los pacientes con las debidas medidas de bioseguridad. En abril ya sonaban preocupantes los datos, puesto que uno de cada tres pacientes confirmados eran médicos, enfermeras u otro personal de blanco. Representantes de los gremios médicos denunciaron que al menos 400 galenos y una cifra similar de enfermeras se habían contagiado con el coronavirus porque no contaban con suficiente equipamiento de bioseguri­dad para trabajar en la primera línea de la pandemia.

Hace 48 horas atrás funcionarios de diferentes hospitales públicos del país se manifestaron frente al Ministerio de Salud y la casa del ministro Julio Maz­zoleni para reclamar insumos. Fue des­garrador escuchar testimonios de cómo reciben un tapabocas al día para un turno de 12 horas y en cuanto a los trajes de seguridad, solo recibieron uno para toda la semana, por lo cual tienen que lavarlos cada día, contraviniendo todos los pro­tocolos internacionales dispuestos para estas situaciones. A su vez, la Comisión Bicameral del Congreso, creada para el Control de Gastos de la Ley de Emergen­cia, reveló que los procesos de compra del Ministerio de Salud en el marco de la Ley de Emergencia por el covid-19 solo alcanzó al 17% de ejecución.

Es mínimamente requerible que a esta altura de la pandemia ya se hubiera logrado fortalecer el sistema sanitario nacional. Los médicos del sector público sobreviven en mayor porcentaje por las donaciones antes que por las compras que debe realizar el Ministerio de Salud. El cumplimiento de la cuarentena por parte de la población –con sus luces y sus sombras– nos está salvando de un escenario que como mínimo podría ser trágico.

Por lo tanto, a los logros estratégicos de la cuarentena debe sumarse la gestión administrativa para evitar que la pande­mia deje consecuencias difíciles de admi­nistrar también en el ámbito de las finan­zas públicas.