Si algún pico peligroso se dis­paró en estos meses de pandemia por el coronavirus fue la cana­llesca corrupción en la compra de insumos hospitalarios, que realizaron diferentes dependencias del Gobierno Nacional; todos los llamados a licitación estaban plagados de irregularidades. Bajo el pretexto de la urgencia por el covid-19, los ordenadores de gastos del sector público pretendieron hacer su carnaval con el dinero público.

Las autoridades gubernamentales de los organismos anticorrupción mantuvieron un silencio, como mínimo sospechoso. Solamente cuando empezaron a saltar una tras otra las denuncias periodísticas, intentaron tapar los hechos con las acos­tumbradas comisiones de investigación, que para lo único que sirvieron fue para blanquear las irregularidades. Pero la fuerza de las irrefutables pruebas que día a día se publicaban les obligó a reconocer que todo estaba mal, pero su acto de con­trición no basta, mínimo están aplazados en el cumplimiento de su gestión.

En el caso de las compras en el Minis­terio de Salud, fruto de las fundadas investigaciones periodísticas, final­mente la Comisión de Supervisión y Con­trol de Compras Covid-19 creada por el Gobierno detectó sobreprecios y varias otras anomalías en distintos procesos de contratación del Ministerio de Salud en el marco de la emergencia sanitaria. No fue hasta entonces que el ministro Julio Mazzoleni anunció la cancelación de los 32 llamados objetados, lo hizo pese a no haber “tenido la oportunidad de leer el informe completo” de la comisión; tam­bién se espera que los principales respon­sables dejen de seguir blindados. Hasta ahora, los altos funcionarios del Minis­terio de Salud, involucrados en los con­tratos con empresas del clan Ferreira, no fueron sumariados, mucho menos apar­tados del cargo mientras duren las inves­tigaciones.

A los casos del Ministerio de Salud se suman las supuestas adquisiciones irre­gulares de Patricia Samudio con la cos­tosa agua tónica y mascarillas vencidas, que fueron distribuidas a los médicos del sector público por las autoridades del Ministerio de Salud. Asimismo, está la investigación sobre las sospechadas “mascarillas de oro” en la Dinac a cargo de Édgar Melgarejo. Además, los presun­tos medicamentos de dudosa proceden­cia proveídos al IPS por la firma Eurotec e Insumos Médicos del clan Ferreira, los mismos de la anómala compra en Salud.

Los casos finalmente están siendo inves­tigados por los miembros del Ministerio Público, la ciudadanía tiene alta expec­tativa por el trabajo que están desarro­llando los fiscales en los diferentes casos que hasta el momento tomaron estado público. Se espera de los agentes fiscales que estén a la altura de las circunstan­cias, que las imputaciones que presen­ten a la Justicia tengan la fuerza necesa­ria para que ninguno de los responsables escape de la dura aplicación de la ley. Que caigan todos, sin importar cuan encum­brados estén.

A su vez el Poder Judicial como nunca antes debe considerar el manido axioma: justicia que llega tarde, no es justicia. Que la renovada Corte Suprema de Justi­cia se muestre pronta y consecuente con lo que dictan nuestros códigos, que no le tiemble el pulso a la hora de aplicar san­ciones, sin importar el apellido del incul­pado. Es tiempo de cambios, una justi­cia confiable es la mejor manera de hacer patria.

La miseria humana quedó retratada de cuerpo entero durante estos meses de pandemia, encarnados en los responsa­bles de los casos de corrupción que salta­ron hasta el momento. Que el Ministerio Público y el Poder Judicial sean el punto de inflexión en estos momentos en que el país necesita un baño de verdad y jus­ticia.