El develamiento de la existencia de una organización criminal dedicada al espionaje, que lanzó un ataque contra periodistas del Grupo Nación, suscita en la opinión pública nacional e internacional una profunda preocupación. Puesto que supone no solo una inaceptable violación a las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, sino también constituye un ataque directo a la libertad de prensa, este hecho de ningún modo debe quedar impune. Cabe recordar que ambos comunicadores habían sufrido la suplantación de sus respectivas líneas telefónicas la semana pasada, coincidentemente días después de haber hecho denuncias puntuales contra las empresas Eurotec e Imedic SA en relación a la compra de insumos médicos licitados por el Ministerio de Salud.

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF), que defiende la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional, con sede en Francia, se hizo eco de las denuncias de espionaje a los periodistas Jorge Torres y Clari Arias, quienes denuncian irregularidades en compras públicas que debían ser destinadas al personal de blanco y a pacientes durante la crisis del Covid-19.

“RSF pide a las autoridades una investigación pronta de los hechos y que garanticen el libre ejercicio del periodismo en un período en el que el trabajo de la prensa es vital para la sociedad”, exhortaron desde el país galo.

El Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA) hizo pública su preocupación por las acciones de espionaje a comunicadores sociales, en un momento en el cual es una obligación cívica denunciar a quienes estarían malversando fondos públicos.

“Estamos siendo testigos de uno de los actos más viles y repudiables para la salud republicana de nuestro país: el espionaje a periodistas y políticos que están denunciando presuntos hechos de corrupción e ineficiencia de las autoridades y funcionarios públicos y de algunos contratistas con los fondos de emergencia”, expresaba el comunicado de esta organización, que entre otras acciones lucha por el libre acceso ciudadano a la información pública.

Debemos reconocer la celeridad en la reacción del Ministerio Público dentro de la investigación penal abierta por esta causa, que con prontitud capturó a los primeros sospechosos de espionaje, así como la entrega de Fabián Martí, presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), a quien la Fiscalía lo sindica como uno de los supuestos autores morales e ideólogos del plan.

El ataque a los periodistas del Grupo Nación mediante una operación criminal, sobre la cual aún no conocemos todos los alcances de su actuación, no solo golpea al medio y los comunicadores sociales sino a toda la ciudadanía, porque instala la intimidación entre la gente buscando paralizarla para que no denuncie actos irregulares.

Desde las empresas telefónicas se impone ir más allá de las disculpas y adoptar medidas urgentes para proteger los datos personales de sus clientes. Con la misma prontitud el Gobierno debe arbitrar las disposiciones necesarias para proteger la libertad de expresión ciudadana y la de prensa. El Poder Judicial debe dar con todos los responsables y sancionarlos con todo rigor, no puede quedar impune esta inaceptable violación a las garantías individuales que tenemos todos.