En momentos en que debe­mos demostrar nuestra mayor humanidad, para sobrellevar entre todos la pandemia, saltan acciones que, como mínimo, resultan cri­minales, porque atentan contra la vida del personal de blanco y de los futuros pacien­tes contaminados con el Covid-19, todo ello haciendo uso irregular del dinero público en momentos en que las arcas del Estado y la economía del país hacen aguas por todos lados, luego de más de cincuenta días de mantener parado al sector produc­tivo, a causa de la cuarentena.

En medio de la pandemia, las denun­cias de corrupción en presuntos negocia­dos en el Estado no tardaron en aflorar; empresas de maletín, funcionarios esta­tales torcidos y especuladores de toda laya afloraron intentando aprovecharse de los recursos públicos y del presupuesto destinado a solventar los gastos de esta emergencia sanitaria.

Pero un efecto del coronavirus es gene­rar mucha sensibilidad social en diferen­tes sectores, una semana atrás la afamada concertista internacional Berta Rojas se vio obligada hacer vibrar con fuerza su voz de reprobación ante los últimos hechos de corrupción. “El Covid-19 vino a unirnos contra la podredumbre de un sistema patético de corrupción”, afirmó la artista luego de conocer que Patri­cia Samudio, ex presidenta de Petropar, adquirió cinco mil botellas de agua tónica por veinticinco millones de guaraníes y además compró unas tres mil mascarillas y termómetros a un precio unitario que excede el referencial establecido por el Ministerio de Salud.

Al caso de Patricia Samudio se suma el escándalo en el Ministerio de Salud, donde casi se consumó una compra anó­mala de insumos médicos traídos desde China, que tuvieron que ser rechazados por irregularidades con relación al con­trato, pero solo luego de que el diario La Nación y el programa televisivo “La caja negra” revelarán el entramado de ese negociado, que finalmente fue frustrado.

Para poner paños fríos a la fallida compra debieron renunciar a sus cargos dos figuras de la plana mayor del ministro Mazzoleni, la directora de Vigilancia Sanitaria Lour­des Rivaldi y Alcides Velázquez, de Admi­nistración y Finanzas, ellos atendieron el proceso de licitación que tenía un valor superior a los 152 millones de guaraníes, para adquirir insumos médicos tales como mascarillas, trajes de protección y camas hospitalarias, que fueron rechazados por deficiencias y diferencias de marcas.

Asimismo, en la Dinac se hizo volar por lo alto una posible sobrefacturación de tapabocas, el develamiento del supuesto negociado obligó a Édgar Melgarejo a renunciar a la entidad al ser acusado de dicha compra y luego de varios días de publicaciones en medios de prensa.

La purulencia de la corrupción mata la institucionalidad del Estado, en cualquier etapa de la vida democrática de un país, pero es más canallesca si esta se produce en una coyuntura como la actual, donde los gremios médicos vienen denunciando que trabajan desprotegidos en la atención a víctimas de el Covid-19 y con un déficit de camas para internación y alta comple­jidad, situación que pone en riesgo la vida de los profesionales y de la población.

No es suficiente la renuncia de los sospe­chados de irregularidades con el dinero público, se impone que la Fiscalía General del Estado –sin dejarse amedrentar por la amenaza de un interesado juicio polí­tico a su titular– aclare todas las dudas y someta a la Justicia a todos los responsa­bles, caiga quien caiga. A su vez, el Poder Judicial que se ponga pantalones largos y sancione a los facinerosos, para cortar el circuito contaminante de la corrupción.