El jueves último, la Cámara de Sena­dores sancionó la ley de presupuesto estatal para el 2020, luego de recha­zar la versión de Diputados con sus aumentos salariales desmesurados y se rati­ficó en los números que había producido y que incluyen también subas para más de 2.000 funcionarios, decisión muy cuestionada.

Todo indica que la versión del Senado es más acepta­ble que la de Diputados por lo que puede dedu­cirse que el Poder Ejecutivo, en su momento, promulgará la ley sancionada en el Congreso y no recurrirá al veto que también era una posi­bilidad que se estaba manejando.Pero no todo lo que reluce es oro. La ley de pre­supuesto sancionada tiene muchos defectos que el Ejecutivo tendrá que arreglar con medi­das administrativas para que no aumenten los gastos. Sobre todo teniendo en cuenta que el comportamiento de los ingresos fiscales en el año entrante es una gran incógnita, debido al bajón económico de este año.

Con la sanción de la ley presupuestaria del Senado se descartan los polémicos aumentos salariales, que el martes anterior habían sido ratificados por la Cámara de Diputados y que implicaban un incremento de alrededor de 41,2 millones de dólares para creación de nuevos cargos e incrementos de salarios.

Mediante la ratificación del Senado se dejaron sin efecto los aumentos del 16% para docen­tes desde abril, que se pagarán ahora desde julio. También, se eliminaron los incremen­tos del 7,3% para los empleados de la Ande y del 20% para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), así como la creación de numerosos car­gos públicos nuevos para la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía y la Defensa Pública, que hubieran abultado innecesariamente los gas­tos fijos del Estado.

Con la sanción de la Cámara Alta el presu­puesto del Estado para el 2020 quedó en 86,32 billones de guaraníes, que es superior al del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, que ascendía a 86,28 billones de guaraníes.

A pesar de que esta ley no tiene mayor varia­ción a la proyectada por el Ejecutivo, el pro­blema de fondo es cuánto es capaz de recaudar el fisco el año entrante para enfrentar sus com­promisos. El temor se debe a que los pagos de impuestos que se hagan en el 2020 serán sobre el desempeño económico que se tuvo este año, que registró una recesión en el primer semes­tre y un bajísimo incremento en el segundo. Por poner un ejemplo, no es lo mismo liquidar el IVA y cobrarlo cuando baja mucho el consumo y disminuye el crecimiento económico, como ocurrió este año, que cuando la economía está en buenas condiciones.

El Gobierno sabe que tendrá que hacer mara­villas para subir sus recaudaciones el año veni­dero, por lo que la primera carta a jugar será establecer un riguroso recorte de gastos. En Hacienda están hablando de establecer un plan financiero duro, con una fuerte racionalización de gastos en todos los organismos públicos, lo que podrá hacerse por la vía de la emisión de decretos luego de la promulgación de la Ley del Presupuesto General de la Nación para el 2020. Los recortes que se harán en el primer semes­tre venidero serán para aminorar la ejecución de gastos corrientes, pero no de los programas de inversión social.

Por de pronto, uno de los aumentos apro­bados en el presupuesto sancionado por el Senado que afecta a 2.123 funcionarios no correrá, pues Hacienda no los pagará. Se trata de un alza que los congresistas ya habían incluido en el presupuesto del 2019 y que por no haber seguido los pasos legales para ello, el Ejecutivo no había pagado, suba que en el Congreso volvieron a incluir para el 2020. El argumento de Hacienda es que los aumentos violaron las normas de la Ley de la Función Pública, que establece que para que un fun­cionario mejore su categoría y su salario debe cumplir un concurso previo, que no se ha dado en este caso.

El año fiscal está concluyendo con un déficit que es el doble que el habitual, y el que viene no presenta síntomas de que las cosas mejoren en las cuentas del Estado. Por ello el fisco ten­drá que hacer un esfuerzo extraordinario para encararlo con éxito.