Los conflictos políticos y sociales des­atados este año en la región, especial­mente los sucesos que han ocurrido en Chile y en Ecuador en las últimas semanas, han sido una muestra clara de que la clase dirigencial, los políticos, solo se ha con­centrado en gobernar para unos pocos.

Si bien Ecuador y Chile han implosionado por factores económicos y sociales, sus procesos se han dado de manera distinta y con componen­tes variados, aunque han tenido al hartazgo social como mecha del estallido.

El caso chileno ha mostrado al mundo que es un modelo que ha conseguido con éxito elevar todos los ítems macroeconómicos y de desa­rrollo, pero que paralelamente no ha tenido efecto, lamentablemente, en la otra cuenta pendiente que tiene que ver con la reducción de la desigualdad social.

En una palabra, los gobiernos se han olvidado de gobernar para la gente. Olvidaron a la socie­dad. Y la réplica ciudadana a tantos años de desigualdad ha sido el estallido, que en el caso de los transandinos cumple precisamente este fin de semana su primer mes.

No solo hay diferencias en cuanto a índices de desarrollo o económicos de los transandinos con el resto de los países de la región, sino también la reacción ciudadana. Los chilenos salieron a las calles luego de que una aparente y anodina suba de la tarifa del servicio de transporte de trenes provocara el hartazgo colectivo. Desde las calles plantearon cambios radicales en la economía y en el manejo a nivel social, que Sebastián Piñera ha podido cumplir no sin provocar ciertos cam­bios en el interior de su gobierno.

El principal reclamo es la reforma de la Consti­tución de este país, redactada durante la dicta­dura de Augusto Pinochet, a la que consideran el fundamento del por qué Chile no ha podido equilibrar cuentas en cuanto a la igualdad.

La clase política del país hermano ha respon­dido ayer viernes, durante las primeras horas de la madrugada, con un histórico acuerdo, aunque pareciera que los tiempos que se plan­tean en este tránsito hacia la transformación del país por medio de la modificación de su Carta Magna puedan suponer un problema.

Los principales partidos de la oposición y la coalición del gobierno de Piñera firmaron un “Acuerdo por la paz y la nueva Constitución”, en el que se comprometieron a aprobar un lla­mado a plebiscito.

En virtud de este acuerdo, necesario para modificar la actual Constitución, que no per­mite llamar a plebiscito para estos fines, se impulsará la realización de una consulta en abril del 2020 que resuelva dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactar esa nueva Constitución.

La Convención Mixta Constitucional, defen­dida por el gobierno, será integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio, mientras que en la Convención Constitucional, promovida por los partidos de la oposición, todos sus inte­grantes serán elegidos específicamente para esta ocasión.

Si el proyecto es aprobado en plebiscito, la elec­ción de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre del 2020, coincidiendo con los comicios regionales y municipales, bajo sufragio universal y se hará con voto volunta­rio. Pero la ratificación de la nueva Constitu­ción se realizará con sufragio universal y voto obligatorio.

Es decir, en Chile –pese a los tiempos estipula­dos– están promoviendo una verdadera trans­formación de su futuro partiendo de las bases mismas de la República porque los políticos, las organizaciones civiles y sociales han oído la voz de la gente.

Un país que está en peores o similares condi­ciones sociales y económicas que las nacio­nes descritas más arriba es Paraguay, donde pese a los avances obtenidos en los últimos años en cuanto a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, la brecha sigue siendo enorme y ni siquiera se acerca a los niveles de desarrollo que, por ejemplo, existen hoy en Chile.

Los paraguayos observamos a diario en las por­tadas de los medios denuncias sobre corrup­ción, despilfarros y malos manejos del dinero público, que tienen una sola víctima: la gente.

Es tiempo que también los políticos paragua­yos tomen la lección transandina para impul­sar reformas que son necesarias no solamente en el plano constitucional, sino en una amplia variedad de temas que son urgentes en el país, en especial en materia de salud, educación, seguridad e infraestructura. No es necesario que estalle una crisis política y social como en el resto de la región como para que en nuestro país empecemos a pensar en la prioridad abso­luta: el bienestar de la gente.