Un informe de la Contraloría General recientemente difun­dido señala que desde el 2013 hasta hoy cerca de G. 16.000 millones transferidos por el Fondo Nacio­nal de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) a gobernaciones y municipios sencillamente se esfumaron. No hace falta demasiado análisis para per­catarse que estos recursos fueron dilapi­dados. Basta con recorrer escuelas y cole­gios de toda la República para notar que ese dinero –que según la ley debía emplearse en infraestructura y equipamiento educativo– fue a parar sabe Dios adónde. Casi con total seguridad a los bolsillos de autoridades, ope­radores políticos y cómplices de toda calaña que se enriquecieron con fondos que supues­tamente estaban “blindados” para ser uti­lizados en la educación de niños y jóvenes.

Las aulas derruidas, la ausencia total de inversión en colegios y centros de educa­ción, las quejas por la falta de equipamien­tos e insumos son la prueba palpable de que solo las monedas llegaron al destino previsto. En Paraguay, donde han literal­mente desaparecido préstamos millonarios y donde los gastos rígidos del Estado alcan­zan casi el 95% del Presupuesto General de la Nación, nunca serán excesivos los meca­nismos que garanticen la transparencia de la gestión de recursos. Lo cierto es que este desenlace era previsible y no fueron pocas las voces que en su momento advir­tieron que este desorden –en el mejor de los casos– en la administración de los recursos del Fonacide era poco menos que inevita­ble. Fueron las cúpulas partidarias las que forzaron la intervención de las municipa­lidades y gobernaciones cuando se definió la ley de Fonacide.

La intención era proveer de jugosos fondos a los caciques y caudillos locales, con miras a mantener bien nutrida la clientela político partidaria y fortalecer el esquema preben­dario que beneficia y eterniza en el poder a esas mismas cúpulas. La fuerte inyec­ción de dinero de Itaipú, que bien empleado podría ser una verdadera palanca de desa­rrollo, acabó alimentando a la maquinaria burocrática y clientelista y a los corruptos de siempre.

Una consecuencia igualmente indesea­ble del manejo desprolijo –en el mejor de los casos– de los fondos para la educa­ción es el duro golpe que representa para la descentralización política y adminis­trativa. En principio es inobjetable la idea de canalizar las inversiones a través de los municipios y gobernaciones. Con gobiernos locales y regionales fuertes y eficientes se logrará por fin abolir aquello tan repetido de “ausencia del Estado” en muchas zonas olvidadas de nuestro país. Además, nadie mejor que las autoridades locales para saber las necesidades de la población y definir las prioridades.

Por estar más cerca de la ciudadanía se podría suponer además que el control social sobre la utilización de estos recur­sos sería más efectivo. A juzgar por el informe de la Contraloría los hechos suce­dieron de forma muy distinta. Una vez más parece que prevalecieron los arraiga­dos vicios de nuestra clase política.

Es urgente una profunda revisión de la Ley del Fonacide, de manera de aumen­tar el control social sobre la utilización de esos ingentes recursos. Existen con­diciones tecnológicas para que toda la información relacionada a este dinero sea accesible para toda la ciudadanía. Quizás con estas medidas se logre finalmente que esos fondos que pertenecen a todos los paraguayos se usen para atender las nece­sidades apremiantes de la educación.