Ahogado por la peor crisis polí­tica desde que asumió la primera magistratura del país el pasado 15 de agosto del 2018, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se vio obligado a actuar. En la misma semana que su gobierno estuvo a punto de enfrentar un proceso de impeachment (nubarrón que todavía se mantiene en el horizonte polí­tico), el mandatario nominó a un grupo de notables para asesorar en las futuras nego­ciaciones sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú.

El flamante ministro de Relaciones Exte­riores, Antonio Rivas Palacios, quien heredó una nave en pleno naufragio con la Cancillería a la deriva, anunció una lista de 12 referentes de distintos sectores que ya confirmaron su participación en este equipo que buscará sentar las bases para la renegociación con los brasileños, diálogo que tiene al año 2023 como fecha límite. Aunque aún faltan anunciar otros nombres para completar el listado de 20 notables, lo que hasta aquí se puede señalar es que el equipo conformado está altamente cuali­ficado para responder a las múltiples áreas que constará la renegociación de Itaipú.

Dentro del desmadre ocurrido y de lo que supuso el peligroso manejo de la polémica acta del 24 de mayo pasado (que ya quedó sin efecto según el Gobierno) que se hizo en secreto y sin priorizar los intereses de la República, la medida tomada por el Ejecu­tivo parece la más acertada y ecuánime, aunque la decisión haya sido precipitada y como consecuencia de que las papas queman.

Más allá de la resolución asumida, debe decirse que la integración de expertos nota­bles en áreas técnicas como el de la energía o de las finanzas, o del aspecto jurídico y de administración de políticas públicas parece encauzar de forma obligada aquello que hace tiempo debió ser una de las priorida­des de la actual gestión de Gobierno.

Este grupo de notables, por nombres, por experiencia, por honestidad y conoci­miento, generan mucha confianza de parte de la ciudadanía que ha visto, hace casi un año atrás, cómo los puestos de confianza en cargos tan importantes como los entes binacionales fueron a parar a aliados polí­ticos, producto precisamente de compo­nendas tejidas por Mario Abdo Benítez a lo largo de su campaña política.

Sea que lo haga este gobierno, u otro, quedó claro que la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú es un asunto de primerí­simo orden para los paraguayos; así como está claro que el control ciudadano será aún mucho mayor luego del fiasco del acta fallida que muchos, con cierta razón, con­sideran como entreguista. Este control ciudadano es necesario y es una medida sensata socializar cualquier acuerdo que de ahora en más se vaya a negociar con los emisarios del gigante sudamericano y no volver a caer en el absurdo de consumar pactos a espaldas del pueblo.

Por eso, la integración de este grupo ase­sor, que como su nombre indica servirá de soporte para el equipo negociador, deberá tener –sin duda alguna– al propio presi­dente de la República a la cabeza del diá­logo, liderando un acuerdo que tendrá impacto para el país en los próximos 100 años, gran parte del desarrollo y el pro­greso del Paraguay pasará por esta renego­ciación.

Se espera entonces que los integrantes de este equipo asesor asuman su rol con el compromiso y la transparencia que se requiere para poder acudir a defender los intereses de todos los paraguayos en los que se anticipa será una durísima etapa de con­versaciones.

Los paraguayos exigimos inteligencia en este proceso, pero por sobre todo exigimos patrio­tismo en las gestiones y decisiones que impac­tarán en la vida de millones de personas.