Muchas son las prácticas hereda­das del estronismo que simple­mente se resisten a perecer o que vuelven a tener plena vigencia en estos nuevos tiempos que rigen la República, en los tiempos en que el Paraguay es gobernado por un hijo privilegiado de la dictadura.

Una de estas prácticas tan recurrentes y fre­cuentes durante la época de Alfredo Stroessner era el arreo de funcionarios, casi siempre lleva­dos por un interés propagandístico, ya sea para asegurar algún puesto dentro de la estructura estatal o simplemente escalar en el siempre “complicado” esquema criollo del poder.

Parte de esto se pudo observar el jueves último en la explanada norte del Palacio de López, lugar hasta donde acudieron centenares de funcionarios públicos (se calcula unos 2.000 empleados) para brindarle respaldo al presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez, que en esas turbulentas horas vivía los momentos más difíciles y agitados de su bisoña gestión al frente del Gobierno.

Un juicio político estaba en marcha, al menos en la intención de diputados y senadores, que decían al menos tener –hasta la madrugada– los votos para poder llevar adelante el proceso de destitución contra el Presidente y su vicepresi­dente, quienes serían promotores (o estaban en conocimiento) de aquel acuerdo bilateral que cercenaba soberanía energética al Paraguay, contemplado todo esto en un acta infame del 24 de mayo del 2019.

La divulgación de esta acta secreta, que puso de relieve con qué lenidad y docilidad los negocia­dores paraguayos cedieron sin mucha resisten­cia a los intereses de los brasileños, generó una crisis política que aún sigue latente pese a la serie de renuncias que se produjeron en las últi­mas semanas. Este conflicto interno puso en el ojo de la tormenta al mandatario y a sus princi­pales colaboradores en materia energética ante el inminente “impeachment”, lógicamente ante esa amenaza era oportuno que los administra­dores de la cosa pública (ministros, directores y presidentes de entidades estatales) demues­tren lealtad al mandatario, sacrificando horas de trabajo, paralizando a diversas institucio­nes para ir a llevar su adhesión al jefe de Estado, cuando deberían estar en sus puestos, justifi­cando el salario que se les paga.

¿Es irregular que los funcionarios públicos, que perciben un salario (y otros beneficios) gracias a los impuestos que paga el pueblo, en hora laboral, además de hacerlo en los jardines del Palacio, violen la Ley de la Función Pública y la normativa que regula el Marchódromo? La respuesta es un rotundo sí. Es insultante la manera en que este tipo de manifestaciones tiene el privilegio del “dejar pasar” puesto que ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional, particularmente, se ocuparon de estos emplea­dos que se encargaron de vulnerar las normati­vas existentes, con el beneplácito de los organis­mos de seguridad, en una clara discriminación en relación a otros manifestantes, con quienes sí se aplica con rigor la ley.

Es también un insulto a la inteligencia que los propiciadores de este arreo, los propios titula­res de entes o de ministerios, quieran edulco­rar la acción haciéndonos creer que todo era por iniciativa propia, cuando era más que evidente (audios y capturas de pantalla de mensajes vía Whatsapp así lo acreditan) que los que estuvie­ron el jueves en el Palacio de López no lo habían hecho por propia voluntad, sino obligados a acu­dir para aunar esfuerzos en favor del mandata­rio bajo amenaza.

Estas son las prácticas que lamentablemente se siguen promoviendo incluso desde las más altas esferas –como es el caso de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, cuya presencia y protagonismo llegó hasta la vehemencia en el discurso–, que consienten e incentivan estos hábitos que se creían desterrados.