En los últimos años, el Congreso de la Nación no se ha caracterizado precisamente por su capacidad de ahorro. Más bien se ha dedicado a despilfarrar su presupuesto con la contratación de más funcionarios y asesores de los que necesita o la compra de pines absurdamente inservibles. No han tenido discreción a la hora de asignarse recursos y beneficios que los convierten no en mandatarios comunes, sino en privilegiados.Salvo contadas excepciones en los últimos 10 años, desde la mesa directiva de ambos cuerpos, en especial de la Cámara Baja, han actuado conforme a sus apetencias y de espalda a las necesidades del pueblo, autoasignándose escandalosos beneficios y haciendo uso discrecional de los fondos estatales.
Es por ello que algunas iniciativas que se han tomado desde la Cámara Baja son un síntoma de que hay conciencia de que ciertas preferencias no pueden continuar, pero no solo a nivel parlamentario, sino desde el Legislativo poder impulsar normativas que tengan una doble vía; que sirva primero como ejemplo y en segundo lugar como marco referencial.
Sin dudas que en el nuevo período parlamentario muchas cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Pese a que en la Cámara de Diputados se han tomado decisiones desacertadas desde la cúpula que afectan al manejo de los recursos –humanos y financieros–, hay signos que despiertan cierta esperanza, especialmente en lo que refiere a la austeridad y responsabilidad que deben primar en los actos de las autoridades.
Más allá de las iniciativas asumidas de manera personal por algunos diputados, como por ejemplo el haber renunciado a sus cupos de combustibles o al seguro médico privado, entre otras, se han tomado otras medidas a nivel corporativo que muestran una tendencia positiva (o, al menos, la ciudadanía espera que se sigan manteniendo o acentuando).
Una medida acorde con los tiempos de ahorro que debe haber en los gastos rígidos fue la que promovió la bancada de Honor Colorado en este cuerpo legislativo y que fue tratada en su última sesión.
En la reunión plenaria de la última convocatoria, los legisladores aprobaron por unanimidad que los viajes al exterior vía aérea pagados por el Estado paraguayo se hagan en clase económica, restringiendo las clases superiores al presidente y vicepresidente de los tres poderes del Estado.
Esto implica que ya no habrá más viajes en clase ejecutiva, como venían haciendo hasta ahora los legisladores y funcionarios de alta responsabilidad. Viajarán en clase económica como la mayoría de los paraguayos que se trasladan al extranjero.
Este costo en pasajes aéreos a veces hasta resulta innecesario, puesto que no todos los eventos o actividades en el exterior son realmente importantes para el país. Solo un ínfimo porcentaje de la totalidad de estos eventos (muchos de ellos cubiertos totalmente por los anfitriones) tiene relevancia para el Paraguay.
Estos gastos representan una erogación importante de recursos que en forma innecesaria se destinan para la compra de pasajes en clase ejecutiva, lo cual confronta con la política de racionalización de gastos que debe haber cuando se administran fondos públicos y más aún dentro de un contexto de desaceleración económica que experimenta el Paraguay en el curso del 2019.
Es verdad. La Cámara Baja, en particular, y el Congreso en general tienen una enorme deuda con la ciudadanía. Si bien estos avances son tímidos, lo que se espera es que tomen otras determinaciones que no solo contribuyan al ahorro a nivel legislativo, sino también al resto de la administración pública.
Con la llegada de Pedro Alliana a la titularidad de la Cámara de Diputados, también al menos hay una certeza de que estos procesos de transparencia y de austeridad van a continuar. Eso fue lo que prometió justamente el día que fue electo por 69 de sus colegas parlamentarios para erigirse en la cabeza de la Cámara Baja.
Hay renovada fe en que esto que prometió el legislador colorado se va a cumplir, pero es menester también –se reitera– que estas iniciativas también se extiendan a otros estamentos.
Es lo que el pueblo demanda.