La Comisión Nacional de Refugia­dos (Conare) brasileña corrigió ayer la decisión sesgada y par­cialista que se había adoptado en tiempos de la presidencia de Lula da Silva y que favoreció a tres prófugos de la Justi­cia paraguaya. Después de 16 años la Conare puso las cosas en orden ayer al revocar el estatus de refugiados que había concedido a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Col­mán, quienes desde el 2003 gozan de protec­ción en el vecino país.

Se señala parcialista en razón de que no exis­tían elementos para concederles el refugio, ya que en el Paraguay ninguno de los tres era objeto de una persecución política –tal como alegaron sus abogados para buscar el asilo– y, además, gozaban de todas las garantías para presentarse ante los estamentos judi­ciales de la República del Paraguay.

A pesar de ello y del elemento clave que suponía ser investigados por el Ministe­rio Público por la supuesta participación de estos tres ex activistas del movimiento Patria Libre en el secuestro de María Edith Bordón, hecho que ocurriera en el 2001, la República Federativa del Brasil les había concedido el refugio y, de esa manera, se libraron de un proceso en los tribunales paraguayos por el sonado caso.

Las sospechas de la Fiscalía eran bastante sólidas y todos esos elementos fueron pre­sentados ante el vecino país que –ignorando los preceptos internacionales que rigen la materia del refugio– concedió de manera arbitraria un injusto estatus, politizado desde todo punto de vista para favorecer a los prófugos. Con esto se abría un manto de impunidad sobre aquel recordado suceso, el primero de una serie de plagios que causa­ron verdadera conmoción en el país. La Jus­ticia debía esperar.

Pero los fiscales paraguayos no se rindieron y en todos estos años, con la ayuda de la Can­cillería, han insistido una y otra vez para que en el Brasil se suspendiera el privilegio del que gozaban Arrom, Martí y Colmán, y rati­ficar que el sistema judicial paraguayo ava­laba todas las garantías constitucionales y procesales contra los evadidos.

Hay que ser claros en este punto. Los tres prófugos son considerados inocentes hasta tanto se declare lo contrario en un juicio ordinario y ante un juez competente. Desde el Ministerio Público se ha querido hacer hincapié en estas garantías fundamenta­les, ya que una eventual extradición –si es que los tres desisten de su empeño en evadir a los tribunales paraguayos– solamente los reintroduce al proceso que vienen evitando desde hace 16 años.

No son ni culpables ni inocentes. Eso lo determinará la Justicia durante el proceso, pero Arrom, Martí y Colmán gozan de la innegable asistencia de la presunción de ino­cencia. Es hora que empiecen a cambiar de estrategia, puesto que en todas las instan­cias, en todas, han tenido revés tras revés. Ante la Justicia paraguaya han fracasado en su intento de hacer pasar el caso como una persecución política, incluso este argu­mento (sumado al de la supuesta desapari­ción forzosa y al de las torturas expuestos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos) fue rechazado de plano por la instancia continental.

Lo que los jueces del tribunal que tiene asiento en la ciudad de San José, capital de Costa Rica, han dicho es que durante todo el proceso de la demanda de Arrom y Martí contra el Estado paraguayo, este último no ha violado precepto alguno de la Convención sobre Derechos Humanos, por tanto Para­guay estaba exento de resarcimiento o repa­ración que exigían los hoy prófugos.

El fallo de la Corte IDH fue un golpe que acabó con tantos años de falacias y argucias de parte de Arrom y Martí y así el último reducto de tranquilidad que tenían, el cobijo y la protección del Brasil, finalmente acabó, y ahora –si no ocurriese otra fuga– los tres prófugos deberán por fin enfrentar juicio.