El Artículo 129 de la Constitución Nacional establece los alcances del Servicio Militar Obligatorio así como la objeción de conciencia. Sin embargo, en las últimas semanas el debate sobre ambas figuras adquirió ribetes funestos y todo por la mala comunicación de esta iniciativa por parte de los organismos del Estado.

Desde el primer momento, voceros del Minis­terio de Defensa, las Fuerzas Militares y de la Defensoría del Pueblo se turnaron en los espa­cios de difusión de la prensa para embarullar y causar confusión en una información cuya divulgación debería ser apenas un mero trámite, pero lo que aquí ocurrió fue precisamente todo lo contrario: se disparó la alarma a nivel nacio­nal y por ello la avalancha de jóvenes que provo­caron inusitadas colas en varias gobernaciones y dependencias estatales para gestionar la trami­tación de la objeción de conciencia.

El debate, o más bien la repulsa, se instaló luego de que se anunciara que a partir del 1 de enero próximo, los paraguayos entre los 18 y 26 años de edad deben registrarse en los centros de reclu­tamiento de todo el país o –en su defecto– pre­sentarse ante las oficinas zonales de la Defen­soría del Pueblo para tramitar la objeción de conciencia. So pena, y aquí está lo grave de todo esto, de que si no cumplían con el procedimiento recibirían una multa consistente en montos que variaban entre los G. 400 mil y los G. 2 millones y monedas.

La intervención de los distintos portavoces, entre ellos el propio ministro Bernardino Soto Estigarribia o el ombudsman, Miguel Godoy, no hizo otra cosa que enredar el asunto que generó toda una controversia de alcance nacional así como una reñida polarización entre los que defienden el Servicio Militar y los detractores de la misma. Finalmente, luego de intensos deba­tes y “reflexiones” por parte de los patrocinado­res, estos se echaron atrás y anunciaron que no habrá multas ni sanciones que estaban previstas como la no renovación de registros y pasaportes para los que incumplían el trámite.

Más allá de la conveniencia o no, de la pertinen­cia o no del cumplimiento del servicio militar, tal como lo manda la Constitución Nacional, es si realmente ese es el debate que tanto Gobierno –que propone la discusión– y ciudadanía deben hacerlo en estos tiempos que corren, en que los jóvenes aspirantes tengan otras perspectivas y no precisamente un cuartel como la alternativa.

Desde este espacio se ha sostenido siempre que el joven que le llega la edad para prestar servi­cio tenga alternativas como una buena educa­ción, que incluya una buena calidad de la ense­ñanza universitaria y que, en coincidencia con su preparación, una salida laboral acorde a sus expectativas. Que la carrera militar, o la inclina­ción por ella, sea una opción que tenga el joven al igual que la objeción de conciencia. Y no, como lo pretende el presidente de la República, una excepción.

Por otra parte, se instaló además la desagradable impresión de que imponer una multa en guara­níes (que ha provocado la reacción de la aletar­gada oposición paraguaya a través de un pedido de derogación de los polémicos artículos), un aspecto de claro carácter punitivo, una situación que la propia Carta Magna de 1992 prohíbe, ha generado el rechazo casi unánime de todos los sectores.

Por otro lado, se plantea un escenario de necesi­dad de reformas para el estamento castrense: la ley que se cuestiona data de 1975, concebida en plena dictadura de Alfredo Stroessner, cuando lo que debe plantearse es la adaptación de esta nor­mativa a la actualidad de las Fuerzas Armadas de nuestro país, para tornarla más profesional, mejor equipada y que cumpla a cabalidad el rol para el que fue establecida.

Si renovar la idea de la aplicación del SMO como una vía para reformar a los jóvenes averiados, entonces la discusión se vuelve anodina, puesto que no se ocupa de la cuestión de fondo, que tiene que ver con la necesidad de dotar a las fuerzas armadas de efectivos profesionales y de unida­des modernizadas y no ser, precisamente, una academia para adquirir los valores.

El Gobierno se hubiera ahorrado dolores de cabeza si las explicaciones hubieran llegado a tiempo y en forma. Pero no lo hizo y esto es por­que carece de políticas de gestión hacia dónde avanzar y enfatizar. Quizás esto sea lo más grave: que el SMO y la objeción queden como una anécdota, pero las graves falencias de la gestión y la torpeza del Gobierno queden como una mues­tra negativa de improvisación.