Desde que asumió el cargo de director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos entregó G. 500 mil millones (US$ 70 millones) y guarda la rendición de cuentas bajo siete llaves mientras mueve a todo su equipo jurídico para elaborar dictámenes que justifiquen la negativa de proveer información al respecto. Desde su administración solo atinan a decir que los abogados están evaluando las respuestas a la solicitud de datos sobre publicidad y transferencias sociales planteada por La Nación.
Por Jhojhanni Fiorini
Periodista de Investigación GN
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Tras su asunción al cargo de director del lado paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Nicanor Duarte Frutos realizó multimillonarios repartos de plata a distintas gobernaciones, organizaciones civiles y municipios en concepto de inversiones sociales. La suma ya trepó hasta los G. 500 mil millones (US$ 70 millones) en los últimos años y desde la binacional se niegan a pasar la rendición de cuentas sobre el destino final y la forma en que se gastaron los fondos.
A tan solo pocos meses de asumir el cargo, Duarte Frutos entregó G. 30.166 millones para los distintos programas sociales de varios departamentos y ciudades del área de influencia de la represa. En el 2018, Yacyretá destinó este millonario monto a diferentes proyectos y acciones relacionados con salud, educación, programas productivos, obras de infraestructura y construcción de viviendas en los departamentos de Itapúa, Misiones, San Pedro y Caazapá.
Para el 2019, la cifra aumentó considerablemente, ya que la inversión social escaló hasta los G. 251.616 millones (US$ 36 millones). En ese año volvieron a ocupar la mayoría del presupuesto de aportes los departamentos del área de influencia, aunque se sumaron otras zonas como Caaguazú, Cordillera y Ñeembucú. Finalmente, en lo que va de este año 2020 y durante la pandemia de covid-19, la EBY ha entregado G. 193 mil millones en ayudas sociales para varios sectores.
Cabe recordar que Duarte Frutos dio su rotundo no al pedido realizado por este medio sobre gastos en publicidad y transferencias sociales y movilizó a todo su equipo jurídico para tratar de dar una explicación a la negativa. Argumentó que las informaciones solicitadas por la prensa se encuentran en la página web de la EBY y afirmó que este medio solo intenta realizar una auditoría. Sostuvo que solo la Contraloría General de la República (CGR) es la institución encargada de realizar tal acción.
En este sentido, hay que destacar que la desaprobación se da pese a un dictamen dirigido al propio director de la EBY por parte del Ministerio de Justicia, que resolvió que la binacional debe brindar la información solicitada a través de la web de acceso a la información pública. Yacyretá había argüido que el pedido debía realizarse vía Cancillería debido a que supuestamente necesitaban la autorización de la margen izquierda (Argentina).
MÁS PLATA QUE EN MINISTERIOS
La caja chica de Nicanor (G. 500.000 millones) que viene manejando en estos dos años y medio supera con creces los presupuestos para 2021 de varios entes del equipo ejecutivo como el del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que cuenta con G. 297.226 millones; al Ministerio de Defensa Pública, que cuenta con G. 261.615 millones, y al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, con G. 75.531 millones, entre otros.
Asimismo, lo gastado por la EBY se equipara con los presupuestos de grandes ministerios como el de Agricultura y Ganadería (G. 535.346 millones), Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (G. 515.925 millones) e incluso es similar a la suma de los presupuestos del Congreso Nacional, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, que alcanza los G. 503 mil millones para el próximo año.
Las cifras revelan que, con su caja chica, Nicanor tiene un miniministerio en su poder, administrado discrecional y misteriosamente con rendiciones de cuentas manejadas en secreto. Misma situación ocurre con los pagos en publicidad, gastos que también se resiste a transparentar el director de Yacyretá.
En 10 días se cumple el plazo de la reconsideración planteada por este medio, otro intento legal para que Nicanor comparta la ejecución de gastos, solicitud amparada por la Ley de Acceso a la Información Pública y, por ende, debe ser entregada, según ya refirió en su dictamen el Ministerio de Justicia, órgano que coordina la aplicación de la citada ley.