La empresa CEMA SA, la misma que exportó oro de Paso Yobái por valor de US$ 100 millones en los últimos seis años, según revela un informe de auditoría del MOPC, fue denunciada ante el Ministerio Público por la supuesta comisión de varios delitos como contrabando, estafa y extracción ilegal. La firma Lampa, que es la única que tiene la licencia de concesión para la exploración y explotación, hoy administrada por capital chileno, pide el esclarecimiento de la denuncia y sugiere que CEMA ni siquiera llegó a extraer el oro de la zona.
POR JORGE TORRES ROMERO
Los representantes legales de la firma Latin American Minerals Paraguay SA (Lampa) presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra la empresa CEMA SA por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa y exacción, luego de que se dieran a conocer los detalles de la auditoría especial practicada al Viceministerio de Minas y Energía (VMME), dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en la que fueron detectadas serias irregularidades en la explotación minera en Paso Yobái, departamento del Guairá.
En el escrito presentado por Lampa se solicita el esclarecimiento de la falta de consistencia y una posible discordancia entre el pago de regalías del 2018 por parte de CEMA SA abonado al Ministerio de Hacienda y lo realmente exportado. Esta circunstancia estaría expuesta en el informe de auditoría al VMME en el que consta que CEMA declaró haber exportado por valor de alrededor de US$ 1.300.000, cuando en realidad lo habría hecho por valor de más de US$ 2.700.000, conforme al cruzamiento de datos efectuados entre el MOPC y la Dirección Nacional de Aduanas.
“Resulta dificultoso entender de dónde ha obtenido CEMA SA el oro que supuestamente exportó durante el 2014 al primer trimestre del 2018 por US$ 99 millones, pues no contaba con permiso alguno para la exploración y explotación de cualquier mineral por parte del Estado paraguayo. Dada esta circunstancia, podría ser conveniente verificar si la operación de exportación se realizó realmente o solamente sirvió para dar justificativo al ingreso al patrimonio de CEMA SA de una suma varias veces millonaria y quizás con un origen ilícito”, dice otra parte de la denuncia presentada por Lampa ante la Fiscalía.
De acuerdo con lo manifestado en la denuncia de Lampa, este hecho podría configurar la comisión del hecho punible de estafa, previsto en el Art. 187 del Código Penal, en perjuicio del erario público; o, en su defecto, si hipotéticamente hubiera existido la ayuda de funcionarios del VMME o del Ministerio de Hacienda, que habiendo conocido la cifra real exportada hubieran procedido a un cobro inferior al establecido en forma legal, se estaría ante el tipo penal de exacción, previsto en el Art. 312 del Código Penal.
INFORME FUE CAJONEADO
En otra parte del escrito se hace referencia a un memorándum del VMME N° 420/2018 del 12 de noviembre del 2018 elaborado por el geólogo Celso Velázquez, del Gabinete del Viceministro dirigido al Abg. Miguel Marín, director de la Asesoría Jurídica del MOPC, que da cuenta de varias irregularidades cometidas por CEMA SA y se recomienda incluso remitir los antecedentes a la Procuraduría General de la República y a la Unidad de Asuntos Internos del MOPC a los efectos de realizar una investigación y comunicar al Ministerio Público. Sin embargo, este informe, al igual que la auditoría al VMME, fue cajoneado por las autoridades del MOPC, bajo la actual administración del ministro Arnoldo Wiens.
Según los datos que se manejan, la empresa CEMA, representada por Diego Casco Navarro y Hernán de Carli, explotó por casi diez años los yacimientos de oro en la localidad de Paso Yobái, sin tener autorización legal.
Según los hallazgos de la auditoría al VMME, exportó 2.894 kilos por casi cien millones de dólares sin el pago correspondiente de las regalías al Estado desde el 2014 al 2019. De acuerdo al reporte de la Dirección Nacional de Aduanas, a través del Expediente Nº 38816/18 de fecha 18/09/2018 referente a la exportación de oro en los últimos 10 años, la empresa CEMA SA realizó tales operaciones sin haber sido titular de una concesión minera.
Lo grave del caso es que el Viceministerio de Minas y Energía, que debía velar por el cumplimiento de la ley que rige la explotación minera en nuestro país, ni siquiera cuenta con información precisa sobre la cantidad exacta de mineral extraído de la zona por las concesionarias.
A esto se suma que la operación ilegal en la zona de Guairá es avalada por influyentes políticos de la zona, como el actual senador Rodolfo Friedmann, hoy imputado por varios hechos punibles.